Esta semana, el Gobierno eliminó los anticipos de pagos a las cajas de jubilaciones que están bajo el control de unas 13 provincias, lo que complica la liquidación de los haberes y el funcionamiento de las cuentas públicas locales. Afectado por la decisión, el Gobierno santafesino analizará la semana próxima impugnar la medida ante la Justicia.

Así lo confirmó el secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, que responde al radical Pullaro. El funcionario calificó la medida como “otra trastada del Presidente” y un “apropiación indebida de fondos” de parte del Estado nacional.

“Mientras Milei convoca al consenso a los gobernadores para que lo acompañen en sus leyes, saca por decreto un recorte de fondos adeudados por ley (no discrecionales) a las cajas jubilatorias de 13 provincias”, fustigó Boasso sobre la decisión administrativa del gobierno libertario.

La controversia surgió por el decreto 280/2024, publicado en el Boletín Oficial este miércoles, que modificó la prórroga de la Ley de Presupuesto 2023. Entre las novedades del último decreto, se derogó la prórroga de los recursos destinados a las cajas jubilatorias de las provincias, y formalizó la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior. Se trata de dos decisiones que suman focos de conflicto con las provincias.

Infobae