Según el comunicado, Persico fue condenado por la Oficina Anticorrupción en diciembre de 2023, antes del cambio de gobierno, por violar la Ley de Ética Pública. La condena se basó en su presunta intervención parcial en expedientes administrativos durante su gestión como secretario de Economía Social del anterior Ministerio de Desarrollo Social, bajo el gobierno de Alberto Fernández. Según el comunicado, Persico utilizó su posición para favorecer a la Federación Evita y a la Cooperativa La Patriada, otorgándoles subsidios estatales.

Tras descubrir esta condena administrativa, el Ministerio de Capital Humano, junto con la Subsecretaría Legal y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, presentó una denuncia penal ante la justicia federal de la Capital Federal. Las acusaciones incluyen fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

El comunicado indica que la Secretaría de Economía Social, dirigida por Persico, tenía la responsabilidad de supervisar y controlar las actividades y fondos estatales destinados a programas como Potenciar Trabajo. Se señala que Persico utilizó su posición para asegurar el flujo de subsidios estatales hacia las organizaciones vinculadas a él.

Según el comunicado, los fondos del Estado controlados por Persico fueron dirigidos a organizaciones con las que mantenía una estrecha relación. Se destaca que estos fondos salieron de las arcas del Estado para beneficiar directamente a estas organizaciones.

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