Se trata de los giros por fuera de la coparticipación que apenas asumir el ministro Luis Caputo advirtió que se reducirían al mínimo. Ayer, ratificó que si no salían los artículos económicos de la ley ómnibus, el ajuste se profundizaría. Su planteó volvió a complicar las negociaciones del oficialismo con los gobernadores.

Los datos de giros discrecionales son de la consultora Politikon Chaco. Su titular, Alejandro Pegoraro explicó que la totalidad de los $60 millones fueron para “conducción y docencia; básicamente por Servicios Educativos”.

De ese reparto, la provincia de Buenos Aires se llevó $14,2 millones; Córdoba, $12,6 millones; CABA, $9,6 millones; Neuquén, $7,1 millones; Misiones, $6,1 millones; Mendoza, $5,3 millones; Corrientes, $3,6 millones; Tucumán, $1 millón y medio millón cada una Chaco y Chubut. El resto de las jurisdicciones no registraron ingresos por esta vía.

Entre las partidas incluidas en estos giros están las transferencias para las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas a la Nación (son 13); el Fondo de Incentivo Docente; el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires; los ATN y la Asistencia a provincias.

Salvo el caso de las transferencias de Anses -que están presupuestadas y por las que ya hay demandas ante la Corte Suprema de Justicia- y el Incentivo Docente, el resto no tiene una asignación específica y siempre fueron recursos cuestionados por los especialistas porque su reparto responde a simpatías, necesidades electorales y castigos.

En el 2023 esos giros cerraron con una caída real interanual del 4,7%. Las subas significativas registradas en los meses de campaña electoral (agosto, septiembre, octubre y noviembre) no alcanzaron para sostener los montos. En diciembre, la baja real respecto al mismo mes del 2022 fue de 16,1%, cifra que se suma a la reducción del 19,4% (también deflactada) de la coparticipación y comenzó a encender las luces rojas entre los gobernadores conscientes de que los recortes continuarían con la administración libertaria.

La Rioja, Santiago del Estero y Buenos Aires son las jurisdicciones que, el año pasado, tuvieron más participación de las transferencias discrecionales sobre su gasto corriente. Una retracción significativa en ese segmento, por supuesto, complica sus finanzas.

La reducción real de estos aportes sumados a la baja de la coparticipación por los cambios en ganancias y el freno de la actividad más la caída de la recaudación propia de las provincias delinea un escenario complicado para los gobernadores.

Hay provincias ya empezaron a cubrirse: Buenos Aires emitió Letras por $66.000 millones entre el 17 y el 23 de este mes; Chaco lo hizo por $29.000 millones el 12; en Córdoba el gobernador Martín Llaryora autorizó a su ministro de Economía a echas mano de esa herramienta de enero. Son “todas letras de corto plazo; un año plazo máximo”, detalla Pegoraro.

La Nación