El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, presentó este lunes ante la Presidencia de la Cámara de Diputados de Salta,  un proyecto de ley que propicia la incorporación del inciso G al artículo 1º de la Ley Nº 8275, considerando que la sanción de una ley como la propuesta, implica un freno a uno de los mecanismos utilizados por el narcotráfico para intentar infiltrar estamentos del Estado, para luego avanzar con la infiltración del sistema político.

García Castiella explica en los motivos que la iniciativa legislativa se propone abordar con mayor profundidad y fundamentación las preocupaciones cruciales asociadas a la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Salta, que ha pasado de ser una mera hipótesis para convertirse en una probabilidad cruda y cierta, impactando en la seguridad y paz ciudadana y de manera preocupante en las instituciones.

En el proyecto de ley, el Procurador General plantea la necesidad de ampliar el artículo 1º de la Ley 8275, incorporándose aquellos delitos previstos y reprimidos en la Ley de Estupefacientes y la penalización del tráfico de sustancias y sus precursores químicos, Ley 23737, mientras que aquellos que reprimen el lavado de activos de origen delictivo, previstos en leyes 25246 y 26683 ya se encuentran contemplados en el artículo 1º inciso B de la norma.

En el inciso G propuesto, se establece que no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales los condenados por sentencia judicial en segunda instancia mientras dure el doble de la condena por delitos de tráfico de estupefacientes previstos en la ley 23737, en los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23, 24 y 29 bis y 44 bis y sus respectivos agravantes, además los enumerados en los otros incisos ya sancionados.

Esta presentación se articula en el marco de la política criminal que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal para el combate del narcotráfico y el crimen organizado, considerando que en nuestra provincia estamos muy a tiempo para construir lineamientos que impongan valladares para evitar irrupciones que aún parecen lejanas, pero para ello resulta indispensable la implementación de claras y contundentes acciones del estado afines a ello.