La Argentina buscaba retrasar el pago de una sentencia judicial por u$s 16.000 millones en el caso de la nacionalización de la empresa. Para ello había presentado una nueva apelación alegando que "pagar la sentencia o depositar una fianza durante la apelación causaría graves dificultades al pueblo argentino".

En su respuesta, la jueza Preska respondió que "empatiza con la inflación, la pobreza y otras urgencias que tiene el país", pero también le "recomienda" que empiece a preparar la hoja de ruta para resolver el caso por la expropiación de la compañía, ocurrida en 2012.

De esta forma, la magistrada dio vía libre para que Burford Capital, que adquirió el derecho de perseguir el reclamo en cuestión, pueda solicitar embargos a partir de hoy jueves 11 de enero.

El estudio mencionado había solicitado oportunamente autorización al tribunal para empezar a embargar activos argentinos a fin de cumplir la sentencia ya que, señaló en ese momento, la Argentina "no tenía intención" de pagar.

"Simplemente, Argentina no tiene intención de pagar la sentencia, y sería espurio que Argentina sugiriera lo contrario", había señalado el abogado de Burford, Randy Mastro, en una carta enviada a Preska en aquel momento. pidiendo que no se le concediera al país ningún tiempo adicional.

Ahora, el Gobierno tiene hasta el 22 de febrero para presentarse ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Allí deberá entregar un escrito con los argumentos para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de Preska. Los demandantes ya iniciaron el proceso de apelación para que se revoque la sentencia que eximió de responsabilidades a YPF.

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