La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Guillermo J. Yacobucci, Angela E. Ledesma y Alejandro W. Slokar, rechazó los recursos interpuestos por las defensas de todos los condenados y confirmó condenas que van hasta los dieciséis años de prisión junto con el decomiso de los inmuebles que eran utilizados como pasos fronterizos privados sin controles ni restricciones para ingresar estupefacientes desde Bolivia.

Además, los magistrados anularon la decisión del Tribunal Oral Federal de Salta Nº 1 que había rechazado el decomiso de siete topadoras y un tractor (por un valor cercano a los dos millones de dólares) y ordenaron se dicte un nuevo pronunciamiento al respecto.

En la causa se tuvo por probado que la banda poseía vínculos con un –ya fallecido- diputado provincial (Aparicio), con el ex juez Reynoso -condenado por exigir dinero a cambio de favorecer la situación de distintos detenidos-, y con la investigación denominada “Carbón Blanco”.

Desde el año 2.000

En la sentencia se afirmó que: “liderados por Delfín Castedo, al menos desde el año 2000 en adelante -e incluso una vez producidas las detenciones de los hermanos Castedo en el año 2016- integraron una asociación ilícita destinada fundamentalmente al tráfico de estupefacientes -relacionada también al mercado europeo- conformando una organización criminal que si bien comienza a ser investigada en el año 1999 a partir de Ernesto Aparicio -y ciertas personas de su entorno, todos vinculados al narcotráfico-, puede advertirse en pleno movimiento desde las investigaciones del año 2006.

Delfín Castedo lideró una empresa criminal de tamaña envergadura que contrabandeaba droga principalmente desde Bolivia hacia nuestro país mediante un paso internacional, paso privado y sin control ni restricciones, del que se valió a través del dominio territorial sobre la finca El Pajeal, y que intentó extender sobre la finca El Aybal, ejerciendo un señorío absoluto sobre la frontera que ocupaba la finca, punto neurálgico de sus negocios”.