Reforma
La primera semana del segundo mandato de Gustavo Sáenz, va ganando intensidad, con una agenda de actividades que abarca distintos aspectos de la tarea de gobierno. Los anuncios del martes realizados por el Ministro de Economía de la Nación y la urgencia por avanzar en el plano local en las propias definiciones, le obligan a ordenar prioridades.
Adelantándose a las medidas que va disponiendo el presidente Javier Milei, trata de buscar herramientas eficaces que mejoren la calidad de vida de los salteños, una cuestión que es el objetivo de mediano o largo plazo que se planteó la gestión de la Libertad Avanza para los argentinos. Lamentablemente, cada movimiento exige recursos cuando el flujo de fondos, que venía ralentizándose significativamente en el último tramo del gobierno peronista, amenaza con interrumpirse por lo menos durante el año a punto de iniciarse.
Es por ello que sus propósitos deben ordenarse estrictamente, avanzando en función de disponibilidades cuyo uso debe optimizarse. En ese marco debe colocarse la necesidad de lograr una justicia ágil y eficaz, cuestión que el mandatario ha expuesto desde el estrado de la asamblea legislativa del domingo 10.
Para comprender su urgencia debe repasarse la situación de ese ámbito, con carencias que demandan coberturas impostergables. El reacomodamiento de algunos aspectos de la prestación de ese servicio pasa por cambios significativos que son alentados desde la cabeza del Poder Judicial. De lo que se trata es de encarar reformas al sistema acusatorio iniciadas en 2011, para llegar a un sistema de oralidad cuyo objetivo es imprimir mayor velocidad y transparencia.
A propósito de la intención de reformar el Código Procesal Penal a ese fin, cabe considerar el importante número de denuncias que canaliza el Ministerio Público Fiscal, que sumaron casi cien mil en el término de un año, desde septiembre del año pasado, solo en el Distrito Centro. Ese volumen de denuncias debe ser analizado para entender la tarea que llevan adelante; un punto de partida es considerar que menos del 3% se transfirieron al Poder Judicial para juicio. Lo demás pasa por otros mecanismos como mediación, acuerdo de partes, desestimación, archivo, etc. Este trabajo está en manos de un número insuficiente de fiscales, según se destacó desde la Procuración, que hizo notar que en la propia región hay un promedio de un fiscal cada 15 mil habitantes. Esa relación es en Salta de uno cada 40 mil.
Pese a estas limitaciones, desde febrero opera un plan piloto de oralidad en el fuero penal en cuyo marco ya se han realizado más de setecientas audiencias de prisión preventiva, la mitad de las cuales concluyeron con el dictado de sentencia, con acuerdo de juicio abreviado. Esos resultados alientan la instauración de un nuevo paradigma, sobre el que hay plena coincidencia pero se discute la oportunidad.
Este miércoles fue el turno del re asumido Ministro de Seguridad, quien concurrió al Senado a exponer su apoyo, aunque es cierto que reconoció que “hay que conciliar puntos donde las posturas son disímiles”.
En verdad que otros son los temas de debate social en este tiempo pero no se debe resignar el tratamiento de los tópicos importantes que las urgencias suelen tapar. Se podrá avanzar en la medida que se entienda que estas realizaciones hacen al ejercicio de derechos esenciales.
Salta, 14 de diciembre de 2023
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