Exhortación
Un clima de inquietud se está apoderando de los trabajadores del Estado. Frente al hecho que el cambio de gobierno es una cuestión de días, diversos sectores han comenzado a expresar, a través de la dirigencia gremial que los representa, la necesidad de resguardar lo que consideran logros de gestión sindical.
Se sabe que para el presidente electo el equilibrio fiscal es un objetivo innegociable que debe obtenerse de inmediato y ese propósito no está al alcance de la mano si se mantienen los niveles de gastos que se han registrado este año. Según el último informe del Ministerio de Economía, que se conoció la semana pasada, en los primeros 10 meses de 2023 el déficit ronda casi 3 billones de pesos -esto es el 1,6% del PBI- en el caso del primario, y el 2,84% el financiero, que suma intereses. Solo en octubre, el déficit primario fue de 330 mil millones de pesos, que supera los 450 mil millones en el caso del déficit financiero.
El resultado de enero a octubre, según la presentación de la cartera que conduce Sergio Massa, es el resultado de políticas restrictivas que apuntaron a priorizar las asignaciones destinadas a proteger a los sectores más vulnerables reforzando diversos programas sociales, la educación, y programas de inversión pública con énfasis en la infraestructura. El resto de los gastos presupuestados se moderaron para lograr compensar el impacto negativo en el resultado primario provocado por la caída en los ingresos.
Si pese al esfuerzo hay una brecha importante entre gastos y recaudación, se justifica el temor del espinel sindical, ante la posibilidad que haya dificultades para cobrar salarios o, al menos y en lo inmediato, el aguinaldo. Es que el presidente electo en declaraciones públicas sembró dudas sobre su pago y condicionó que así sea a la disponibilidad de recursos que, según sus estimaciones, no tiene. Si el Estado no cumple, difícilmente tendrá autoridad para exigir al sector privado que sí lo haga y por ello se extendió el temor a toda la masa trabajadora. En el caso de la Asociación de Trabajadores del Estado resolvió pedirle al gobierno actual que proceda a adelantar la liquidación del beneficio.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, alertó que por delante se prepara un ajuste regresivo que empieza por Nación y se extenderá a las provincias y municipios. Y no es injustificada la advertencia ya que hay provincias que también indicaron que sin ayuda del gobierno central no tienen modo de pagar el aguinaldo, que el peronismo anota en su haber aunque el decreto que lo impuso en 1945 lleva la firma de un presidente de facto
Si bien en Salta no hay fecha para cobrar la segunda cuota del Sueldo Anual complementario se da por dispuesto el pago, al menos en la administración provincial. Por ello es que la batalla que se ha planteado localmente es por la continuidad de las negociaciones colectivas. Corresponde la negociación de noviembre para avanzar en una equiparación con la inflación que no ha cesado de crecer.
Es la política aplicada desde fines del año pasado, que permitió que se lograra no solo la continuidad del trabajo en áreas esenciales, como salud y seguridad, sino especialmente la paz social. El ejemplo del conflicto docente es demostrativo de la necesidad de lograr paritarias conducentes.
Por ahora no hay convocatoria a la negociación colectiva, que se habilitaría para después del 10 de diciembre, cuando Gustavo Sáenz inicie su segundo mandato como gobernador. No es lo que tiene previsto la Intergremial Docente, que demanda el curso normal de estas mesas de trabajo. Queda en pie la exhortación del mandatario, que entiende la democracia como el arte de dialogar a fin de construir consensos.
Salta, 28 de noviembre de 2023
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