En su relato el fiscal general, a cargo del área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, destacó que las 17 víctimas eran sindicalistas de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y que fueron secuestradas, detenidas ilegalmente y torturadas en 1977, apuntado como instigadora Marcos Levín, exdueño de la empresa  de colectivos de mediana y corta distancia.

“Uno de los pilares de la  dictadura militar era precisamente la intervención de la economía y generar miedo en la población, perseguidos políticos, a los sindicalistas”, resaltó.

Amad contó que el imputado acusó haber sido robado y estafado por los involucrados, no obstante advirtió que quedó probada su culpabilidad porque quedó registrado, por una información de inteligencia que era portada por su jefe de personal y  a su vez el mismo Levín dijo que había otro policía  que era una especie de inspector oculto.

Además, Amad, señaló que Levín fue visto en la comisaría seccional cuarta –calificada como centro clandestino de detención por la Conadep- mientras sus empleados fueron torturados.

Por otra parte, el fiscal general, recordó que algo que lo compromete es que luego de haberlos “despedido”, los devuelve a sus puestos de trabajo aduciendo que era difícil conseguir choferes de colectivos. “No se entiende lo que pasó”, dijo mostrando la contradicción en la que incurrió Levín.

Para Carlos Amad, “se entiende que Levín hizo eso porque pudo” y “formó parte de aquellos empresarios que en connivencia dolosa con el Estado usurpador, con el gobierno de facto, hacían lo que querían”.

Ahora bien, sobre el desarrollo del juicio, dijo que hay que esperar lo que aleguen las defensas en el alegato final y lo que en definitiva resuelva el tribunal.

“Considero que están probados todos los argumentos que hemos puesto para que se condene a Levín”, concluyó el fiscal general, Carlos Amad.