Sanción

El costo fiscal y la aceleración de la inflación fundaron el voto negativo, al igual que la oportunidad ya que se le adjudicó a la iniciativa un sentido electoralista. Quienes respaldaron el proyecto se pararon en que el salario no es ganancia y la eliminación de la cuarta categoría es una decisión progresiva que generará más consumo e incrementará el volumen de economía, del empleo y la productividad.

Del debate surgieron datos reveladores que dejan expuesta la necesidad de una reforma impositiva integral, que reformule la matriz tributaria que pareciera se va configurando de acuerdo a los requerimientos de los  gobiernos hasta constituir una trama carente de razonabilidad. Cuando en el 2003 se extendió el pago del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores, un 9% de la masa laboral fue alcanzada y un poco más de un década después, esa participación había crecido 3 puntos. Al término del gobierno de Juntos para el Cambio, que en 2015 portó como bandera electoral la eliminación de esta tributación, el 23% de los trabajadores eran contribuyentes. Si se sanciona la ley aprobada este martes por la Cámara de Diputados de la Nación, solo va a quedar alcanzado el 0.88%. De los 446 mil trabajadores que comenzaron a pagar Ganancias hace 20 años atrás, sólo estarán alcanzados 90 mil, que ganan por encima del millón 700 mil pesos.

Estas cifras, que bien alcanzan para sostener la medida propuesta en más de un centenar de proyectos presentados por todos los bloques políticos en los últimos cuatro años, tienen otra lectura que fue expuesta en el debate legislativo. El 40% de los trabajadores argentinos -ocho millones de personas- no están registrados, trabajan en negro y esta medida no les representa ningún beneficio; no pagan el impuesto a las Ganancias pero no tienen derechos.  Asimismo, a más del 80% de los trabajadores en blanco esta medida tampoco les impacta porque sus ingresos están lejos del piso imponible; tan lejos que el 30% de los asalariados formales son pobres. En síntesis, el alivio tributario que tuvo un trámite acelerado en Diputados sólo alcanza al 5% de la masa total de trabajadores.

Este análisis condujo a que varios de los oradores hayan hecho notar que es una ley que beneficia a 800 mil personas pero perjudica a 47 millones de argentinos, poniendo al país al borde la hiperinflación. También se dijo que esta modificación no es una baja de impuestos, sino una estafa que genera más inflación; que es un proyecto de absoluta irracionalidad, que pone en dudas que se trate de un acto de justicia social. Se encontraron aristas inmorales como las exclusiones que benefician a funcionarios de los Poderes Ejecutivos, desde la categoría de Secretario de Estado hacia arriba; a legisladores nacionales y provinciales y a directores de Sociedades Anónimas y Sociedades del Estado.

Se aseguró que es una medida que cuesta unos 5 mil millones de dólares anuales, casi un punto del PBI, cifra que no se ve adecuadamente compensada ni por una baja del gasto ni por una suba de los ingresos, por lo que plantea el riesgo de demandar la emisión de dinero para poder financiar ese gasto. Pero el oficialismo respondió que el Gobierno cuenta con herramientas para su aplicación sin ajuste; una de ellas es el proyecto de exteriorización del ahorro argentino.

La única pregunta que quedó sin respuesta en más de cinco horas de debate es si las provincias y los municipios habían sido consultados, teniendo en cuenta que en ellos se prestan servicios esenciales, se pagan salarios y tienen obligaciones de infraestructura; y el impuesto que se modifica es coparticipable. En el caso de Salta no se escuchó la opinión del gobernador y los legisladores que expresaron su oposición a la iniciativa, no mencionaron que estén en línea con su pensamiento.

No es un caso cerrado.

Salta, 20 de septiembre de 2023