El diario de propiedad de la familia Romero publicó el domingo último una nota intitulada “La fiscal Mónica Poma, una vez más, sin nada para decir”. No es la primera vez que el matutino utiliza sus líneas para presionar a la fiscal, que en esta oportunidad investiga el femicidio ocurrido en El Tipal el viernes pasado.

“La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, no informó oficialmente a la prensa los resultados de la autopsia ni los primeros datos de la investigación. Es una conducta habitual en la magistrada, que si bien debe proteger la investigación, siempre opta por el silencio”, dice El Tribuno sobre la sensible investigación que se lleva adelante. 

Por su parte, una atinada crítica publicó el portal Iruya.com que dirige desde España el abogado Luis Caro Figueroa: “El Ministerio Público Fiscal y la fiscal señora Poma están obligados a actuar con la máxima prudencia y a observar todas las reservas que le impone la ley en esta fase de la investigación”, dice el artículo.

“Prudencia que incluye, lógicamente, la obligación de no divulgar informaciones que puedan poner en riesgo el resultado de la investigación, como sí en cambio lo hace El Tribuno, a cuyos periodistas -que se manifiestan concernidos por un proyecto de ley que penaliza las fake news- solo les importa el morbo y los clics fáciles”, describió a la perfección el artículo digital sobre la carroña que alimenta las líneas policiales del diario de los Romero.

Más allá del interés de sumar lecturas a su sitio web, el morbo no es solamente el móvil que motiva al matutino a apuntarle a la magistrada. No es casualidad que Poma haya sido quien en 2015 solicitase ante el juez de garantías, Diego Rodríguez Pipino, el pedido de desafuero de Juan Carlos Romero ante las reiteradas ausencias a las citaciones a declarar por su incremento patrimonial durante su gestión como gobernador de Salta, entre los años 1995 y 2007.