Tras reunirse con el gobernador Gustavo Sáenz, representantes de diversas Cámaras empresariales salteñas auspiciaron un encuentro con la prensa para detallar la posición que han tomado en conjunto respecto a la conflictividad social y la ley antiprotesta. 

“No venimos a pedir que nos den nada, pedimos que se garantice la libre circulación por las calles de la ciudad y por las rutas de la provincia”, aseguró Juan Carlos Segura (h), presidente de la Cámara de la Construcción de Salta, al tomar la palabra en primer término. 

Indicó, en tanto, que el grupo de referentes empresarios apoyan al 100% las medidas que han tomado el gobernador, sí como los Poderes Legislativo y Judicial.

Por otro lado, Segura citó artículos de la Constitución Nacional que garantizan el libre derecho a la circulación a los efectos de producción o fabricación nacional, así como también la garantía del paso de mercancía de una provincia a otra sin restricción alguna.

En tanto, el presidente de la Cámara de la Construcción hizo referencia a los artículos que hablan específicamente de los trabajadores y resaltó que, si bien se contempla la libertada de  organizarse gremialmente y el derecho a huelga, en ningún apartado se menciona la posibilidad de cortar rutas. 

“Consideramos, entonces, que nos están privando de un derecho constitucional”, advirtió Segura.

Por su parte, Francisco Vidal – presidente de PROGRANO -  consideró que, más allá de que la conferencia de prensa haya sido convocada por el empresariado local, ellos representan, también, “a muchos ciudadanos que trabajan”. 

“El contexto social y económico lo vemos todos. A las empresas no les alcanza, a los trabajadores tampoco, es un problema general nacional que no justifica que alguien vaya sobre los derechos de otro”, indicó el referente, y completó: “Si queremos la paz en la provincia es importante que empecemos a respetarnos”. 

Para Vidal, las protestas pueden realizarse, pero deben contemplar no perjudicar a ningún trabajador.

“Aquí estamos representando a muchos trabajadores que quieren trabajar y no estar en la ruta nueve horas”, apuntó, y continuó: “Nosotros fuimos a exigirle al gobernador que respete nuestro derecho a circular y trabajar. Las Cámaras aquí presentes no tienen otra intención más que exigir que se cumplan con los derechos”.

A su turno, Fernando de San Román – en representación de la Cámara Regional de la Producción – aseguró que “el precio de los cortes es muy caro en todo sentido”.

“El artículo 14 habla de la libertad de deambular y esto es constitucional. En ninguna de nuestras leyes hay previsiones de cortes de ruta y sí de transitabilidad. Si un gremio corta la ruta, como forma de queja, la huelga está en la Constitución, se pueden hacer manifestaciones móviles, ahora, cortar rutas vulnera el derecho de libre circulación de todos los ciudadanos. No se puede admitir el corte de ruta”, disparó.

Sin embargo, reconoció que lo expuesto puede darse en un marco de paz social y que, muy por el contrario, Argentina pasa por un momento de irritabilidad extremo.

“Si nosotros no advertimos eso y echamos más leña al fuego, vamos a hacer un volcán. Nosotros nos amparamos en la ley”, indicó.

Asimismo, el dirigente empresario relató que al gobernador, durante su encuentro, le dijeron que las Cámaras están de acuerdo con que se tomen medidas para impedir los cortes de ruta, ello, aclaró, sin ahondar en quién tiene derecho o no a hacerlo, algo que debe decidir el gobierno, dijo.

“No es poner un grupo de gente contra otro. Hablamos de un derecho constitucional vulnerado. Les pedimos a las autoridades que correspondan, Justicia incluida, que esto se resuelva”, finalizó.

Finalmente, Daniel Zozzoli – en representación de la Unión Industrial – expresó que los cortes de calles y rutas han traído un perjuicio enorme a las empresas. Más allá de ello, consideró que la actualidad no se trata de un problema exclusivo de los docentes o trabajadores en general, sino que “el contexto de crisis aguda que se vive” a afectado a industriales y comerciantes por igual.

“Si aquí solamente vamos a tener que mirar por los derechos de un sector, bueno, nosotros queremos tener el derecho de transitar libremente para trasladar nuestra mercadería y para que nuestros clientes puedan venir a nuestros negocios, porque si no el negocio se nos termina a todos”, disparó Zozzoli.

Se preguntó, en este punto, quién solventa económicamente el aparato estatal.

“Es la parte privada que, con su trabajo, aporta, paga impuestos y ahí se distribuye al sector público”, respondió inmediatamente.

Por otro lado, se mostró optimista respecto a la ley antiprotesta y aseguró que el gobernador se comprometió a trabajar para reglamentarla – entiende – con la intención de garantizar la libre circulación.

Para Zozzoli, si bien existe el derecho a la protesta del trabajador, esta debe realizarse contra su patronal. En cambio, según su visión, el modo en el que han encarado el reclamo los autoconvocados pareciera no tener como destinatario al gobierno, sino a la sociedad en su conjunto, siendo el propio gobierno el que debe resolver la situación.

“¿Cómo se termina esto? ¿Terminamos más empobrecidos? A nosotros, que producimos, nos tienen que cuidar para que podamos pagar impuestos y darle trabajado a más gente para tener un Estado prospero”, sentenció el dirigente industrial.