La relación entre la gestión de Gustavo Sáenz y la central obrera salteña no fue fluida; hasta se puede calificar de inexistente, acorde a la impronta que le pone a su gobierno el reelecto mandatario. El titular del Ejecutivo no es proclive al diálogo institucional y solo abre el juego cuando percibe que pueden surgir obstáculos a su marcha. Tampoco es muy activa la presencia de la Regional Salta de la Confederación General de Trabajo. Estuvo dos décadas y media intervenida hasta que en mayo de 2022 se normalizó pero manteniendo la conducción en manos de Carlos Rodas, quien fue delegado normalizador durante más de un año. 

Desde la asunción de Sáenz en 2019, la representación gremial estuvo demandando una reunión que le fue concedida en marzo de 2021. Se habló de la necesidad de continuar trabajando en forma conjunta para revertir la situación socioeconómica post pandemia, pero todo quedó en buenas intenciones.

Un año después, al momento de producirse la normalización, Rodas advirtió que el trabajo que se iba a realizar en esta etapa no iba a ser solo reivindicativo, ya que la pretensión es la de  “formar parte de las políticas de la provincia”. Y en ese orden expuso el interés por reformar el proceso laboral, comenzando por la elaboración de un nuevo Código Procesal Laboral, ya que el vigente lleva 40 años sin ser modificado. También se propuso integrar la Mesa del Litio y lograr la construcción de dos mil viviendas y la sanción de normas que mejoren las condiciones de salud laboral. Hace un año, se describía como preocupante a la situación de Salta, una provincia, según el titular de la CGT, “enormemente desigual, en la que se cuentan por centenas de mil las personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas”. También destacó los altos guarismos de informalidad, una inflación más alta que el promedio nacional y situaciones puntuales como las que se registra en el norte, donde “los agroquímicos están haciendo estragos”. La gravedad del cuadro lo llevó a proponer un acuerdo entre el movimiento obrero, empresarios, gobierno, las universidades y otras organizaciones de la sociedad civil.

El pedido de diálogo no tuvo respuesta de allí que advirtió a quien “anda pregonando el federalismo” que sin la voz de los trabajadores no había salida que no sea el aumento del mal humor y el riesgo de un estallido.  Indicó que los sectores que pregonan profundizar el ajuste para bajar la inflación, lo único que van a aumentar es la desigualdad, la pobreza y el mal humor. De todas maneras, las irrupciones discursivas de Carlos Rodas no tuvieron un reflejo en acciones, pese a un clima de conflictividad social generado por medidas nacionales y provinciales que sacaron a la población a la calle, como la crisis del agua y el ajuste en las tarifas de servicios públicos. La única oportunidad en la que la CGT se declaró en estado de alerta y movilización fue para repudiar el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández, en septiembre pasado. 

Pero la conducción cegetista no abandonó su pretensión de dialogar con un gobernador que no dio señales de reconocer su representatividad. La oportunidad llegó el primer día de este mes, cuando se sancionó una ley que el propio mandatario aclaró que no la impulsó él, según declaraciones a un diario local del dirigente camionero Jorge Guaymás, funcionario del Ministerio de Trabajo de la Nación.

La CGT le prometió colaborar. Los hechos demostrarán si lo harán protegiendo derechos esenciales o cubriendo a un gobierno que se muestra desorientado.

Salta, 06 de junio de 2023