Los acusados abonaron entre 4000 y 4500 dólares cada uno y quedaron en libertad. Su abogado insistió en que el episodio fue “un malentendido”, pese a las filmaciones que los comprometen.
El lobista objetó la cadena de custodia de su teléfono que reveló mucha información sensible para la causa. Marcelo Martínez de Giorgi ordenó una batería de medidas de prueba.