Para Amnistía Internacional, Argentina viola los derechos humanos al dejar ciudadanos varados en el exterior

La organización global Amnistía Internacional, le reclamó este jueves al Gobierno argentino información sobre los miles de argentinos que están varados en el exterior por las restricciones que impuso al acotar el cupo de personas que puede ingresar al país, y consideró que el Gobierno de Alberto Fernández viola los derechos humanos.

“Empezamos a recibir denuncias de gente varada. Duermen en el aeropuerto y se tienen que hacer PCR todos los días. La restricción en Argentina no se encuentra contemplada en una ley. A los ciudadanos hay que darles previsibilidad. Se están violando Derechos Humanos, no se cumplen todos los requisitos necesarios para las restricciones. Se están violando derechos de los ciudadanos”, aseguró enfática Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, en diálogo con María Laura Santillán por CNN Radio.

Ante la situación que atraviesan los ciudadanos, la entidad realizó un pedido de informe a Jefatura de Gabinete de la Nación, al Ministerio del Interior y a Cancillería para conocer detalles sobre las consecuencias de las restricciones impuestas para el reingreso al país. Además, Amnistía Internacional solicitó una reunión con el jefe de Gabinete y el ministro del Interior para dialogar y brindar aportes desde una perspectiva de derechos humanos.

En un comunicado oficial, la organización global recordó que el 26 de junio, a partir de la Decisión Administrativa 643/2021 de la Jefatura de Gabinete de la Nación, en la Argentina se dispuso un cupo de 600 plazas diarias para el reingreso a territorio nacional de argentinos, argentinas y residentes que se encuentren en el exterior, a través de vuelos de pasajeros, con el objetivo de “prevenir el ingreso de nuevos casos de la variante Delta de COVID-19″. De acuerdo con la información oficial, al menos 10 mil personas salieron del país la semana previa a la implementación de la medida.

Desde el inicio de la pandemia, Amnistía Internacional viene documentando todas las iniciativas implementadas para frenar la propagación del virus, “con el objetivo de garantizar que se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos”. En la actualidad, la organización está relevando los casos de diferentes personas varadas en el extranjero para “conocer el impacto en sus derechos y remitirá esa información a las autoridades”.

Desde la entidad recordaron que “el derecho internacional prevé excepciones a la libertad de circulación para proteger la salud pública en situaciones extraordinarias. Sin embargo, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, estrictamente limitada y necesaria; y no debe perpetuarse indefinidamente en el tiempo”.

“El respeto a los derechos humanos, lejos de ser un obstáculo para el control de la pandemia, es una condición necesaria para que las decisiones gubernamentales sean legítimas y socialmente aceptadas”, enfatizaron.

En tal sentido, Belski señaló: “Nosotros no estamos viendo que el Gobierno pueda responder si esos requisitos se están cumpliendo, por ejemplo legalidad, si la restricción se encuentra contemplada en una ley, que ya sabemos que no, si hay una necesidad, si la restricción es proporcional al interés que se intenta proteger, y lo más importante es que no vemos el tema del plazo: las restricciones tienen que tener un límite temporal definido”.

“En este informe acompañamos un documento donde mostramos en diez países distintas medidas que se tomaron en pandemia: en muchas de ellas coincidimos, pero en esta difiere, ni hablar el tema de la provincia de Formosa que es el caso diferente en el mundo, no pasó en ningún otro lugar”.

Belski insistió en que ”no se habla de abandono, hablamos de violación de derechos humanos, que es lo que está pasando con esto, se está violando el derecho a información de las personas, y el tipo de restricción que puede tomar el Estado”.

En este marco, Belski señaló: “A más de un año de iniciada la pandemia, las autoridades deben extremar su compromiso con los derechos humanos y garantizar que las políticas implementadas no causen un impacto desproporcionado en las personas. En este sentido, tanto el Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo y el Judicial tienen un rol clave y deben asegurar el máximo respeto de los derechos en la respuesta al COVID-19”.

Finalmente, la organización recordó que “las autoridades deben garantizar que las excepciones que establezcan en relación con la prohibición de ingreso al territorio nacional con el fin de atender circunstancias de extrema necesidad garanticen el respeto por la unidad familiar y el interés superior del niño en todo momento y no resulten en la negación de ningún derecho, en particular del derecho a la salud, la alimentación, el cobijo, sin importar dónde se encuentre la persona con necesidad de asistencia”.

“Queremos que el jefe de Gabinete vea los casos que tenemos documentados para que vea que no son millonarios que se fueron a Miami a vacunar; queremos que se cumpla la ley. El Estado no te puede obligar a que firmes nada donde vos renuncies a tus derechos”, concluyó.

Infobae