La AFIP salió a la caza de 1250 ricos y famosos que intentan evadir el Impuesto a la Riqueza

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fiscalizará a 1250 ricos y famosos que estarían realizando maniobras fiscales para intentar evitar pagar el Impuesto a la Riqueza, el gravamen que deben afrontar todas las personas que tengan un patrimonio superior a los $200 millones.

El organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont detectó que este grupo de personas omitió declarar bienes personales, una manera de ocultar su patrimonio y de esta forma intentar no quedar abarcados por el impuesto que fue impulsado por el kirchnerismo duro. La fiscalización de la AFIP consistirá en una inspección de sus bienes y activos. Es un paso previo a una posible denuncia penal.

El impuesto deberá comenzar a pagarse a fin de mes. En estos últimos días, el organismo decidió otorgar un mecanismo de pago en cuotas para intentar alivianar la carga. Detrás de la ofensiva de Marcó del Pont se encuentra Cristina Kirchner, que apunta a los empresarios.

En la lista hay importantes empresarios de la Argentina y famosos. Según las fuentes consultadas, no se descarta que la AFIP los denuncie penalmente, lo que podría derivar en un escándalo de mayores proporciones. En este sentido se debe realizar una aclaración: el hecho de que sean investigados no quiere decir necesariamente que sean evasores. Es solo una pesquisa que podría encontrar irregularidades o no.

El Impuesto a la Riqueza abarca a un universo de 13.000 personas. La iniciativa impulsada por el kirchnerismo duro prevé el cobro del 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos.

La tasa se elevará al 2,25% en casos bienes por entre 300 y 400 millones de pesos; al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% cuando sea de 600 a 800 millones. El gravamen subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 millones y 1.500 millones; al 3,25% para el rango de 1.500 a 3.000 millones de pesos, y a partir de esa cifra será del 3,5%.

Un pequeño grupo de senadores y diputados debería pagar una cifra millonaria. Del análisis de sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción (OA) surge que ocho legisladores quedarían alcanzados por el Impuesto a las Grandes Fortunas y aportarían unos $100.222.863.

El gravamen había sido fuertemente cuestionado por las cámaras empresarias e industriales al considerarlo “inconstitucional”. La oposición había advertido que con su aprobación solo se iban a generar una catarata de medidas cautelares y otras demandas contra el Estado. De hecho se espera una amplia gama de planteos jurídicos por parte de los contribuyentes.

Se espera que buena parte de los contribuyentes planteen la confiscatoriedad de la medida, lo que se produce cuando la carga tributaria afecta una parte sustancial de la renta o del patrimonio.

Antes de que la iniciativa se aprobara en Diputados, el Foro de Convergencia Empresarial -integrado por más de 80 instituciones de la Argentina, incluidas AEA, UIA, IDEA, ACDE, Sociedad Rural, ABA, DAIA y la Cámara de Comercio- había advertido sobre una posible “rebelión fiscal”. La queja se produjo en medio de la pandemia, donde varios sectores productivos se vieron afectados por la cuarentena estricta en la Argentina, que se inició en marzo y se prolongó hasta mediados de 2020.

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