Cheques por más de 23 millones: amplían la imputación contra el exintendente de Pichanal

Este lunes, se le imputaron también los delitos de estafa por fraude a la administración pública; negociaciones incompatibles con la función pública; peculado de servicios, todos hechos de forma reiterada; enriquecimiento ilícito reiterado; utilización de residuos peligrosos que contaminaron de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua, la atmósfera y el ambiente en general; omisión maliciosa de presentar y por falsear u omitir insertar datos en las declaraciones juradas patrimoniales y fraude a la administración pública por administración infiel, en concurso real.

Jalit se presentó este lunes en la Fiscalía y anticipó que declarará por escrito. Además, la fiscal Viazzi citó a otras ocho personas, que serán imputadas por distintos delitos, entre este martes 25 de agosto y el martes 1 de septiembre próximo. De distintas manera, habrían participado en las maniobras fraudulentas que encabezó Jalit.

Viazzi decidió también imputar al extesorero municipal, Ricardo Murúa Enrique, por el delito de coautor del delito de estafa por fraude por ser en perjuicio de la administración pública, (hechos reiterados); y a César Gómez, (propietario de Mirador Servicios), como partícipe necesario de los delitos el delito de peculado de servicios y estafa por fraude en perjuicio de la administración pública (hechos reiterados). En tanto, a  Luis Enrique Juárez (propietario de Servicios Generales Victoria); Renzo Reynaldo Ruiz (Contador Público Nacional), Sergio Daniel Castillo Jalit, (empresario); Sergio Castillo (empresario);  Leonardo Darío Macaron y Lilia Amanda Klarmann, los imputará como participes necesarios del delito de estafa por fraude por ser en perjuicio de la administración pública (hechos reiterados).

Entre otros hechos, de la investigación surgió que el exjefe comunal emitió casi 1400 cheques irregulares, que sumarían más de $23.000.000 aproximadamente. El dato se suma a lo dicho en el primer decreto de imputación, en el que se señaló que Jalit “tuvo un incremento significativo de bienes desde el inicio de su gestión hasta su cese, de los ingresos derivados de la inyección de fondos de origen espurio e ilegal”.

En base a la documentación recabada de entidades bancarias, juzgados de Minas y otras fuentes de la investigación, la fiscal entendió que Jalit incurrió en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, ya que autorizó la salida de fondos, órdenes de pago y cheques y otros, que representaban a los intereses de empresas co-contratantes (CEJOTA- FARMACIA RIVADAVIA- ASTILLERO SRL, SOCIEDAD DE HECHO JALIT- CASTILLO), y no a la entidad pública estatal que representaba.

Es que de los elementos de convicción colectados surgió que al menos durante 2014, 2017, 2018 y 2019, el exintendente Jalit, conjuntamente con el tesorero Ricardo Murúa, emitió 1.394 cheques, que totalizan la suma de $ 23.494.711,00 (veintitrés millones cuatrocientos noventa y cuatro mil setecientos once pesos). Los montos y cantidades son estimativos, porque resta ampliar la pericia contable y verificar otros años de la gestión en el Municipio de Jalit, entre 2003 y 2019, porque constan en la causa numerosos cheques que habrían sido librados de forma irregular o ilegítima.

Sobre Ricardo Murúa, se sabe que formó parte de las maniobras para beneficiar a Astillero SRL, ya que desde diciembre de 2015, firmó todos los cheques. También firmó cheques en beneficio propio o de sus familiares.

Acerca de Servicios Generales Victoria y El Mirador, de propiedad Cesar Gómez y Luis Enrique Juárez, respectivamente, la funcionaria estimó que prestaron sus nombres a fin de aparecer como dueños de empresas unipersonales que ni siquiera declaraban ingresos en AFIP, pero figuraban en libros, bancos, órdenes de pagos, de compra y facturas, como encargados de realizar obras públicas. Pero, en realidad los montos dinerarios dispuestos por Jalit y Murúa a través de cheques, eran negociados o percibidos por Astillero SRL.

Además, Juárez y Gómez cobraban haberes en relación de dependencia con el Municipio. Sin embargo, Gómez no trabajaba y solo iba a cobrar mensualmente. En cambio, sí se desempeñaba en las empresas rurales privadas de Jalit.

En el caso la maniobra pergeñada desde el Municipio a través de los coautores Murúa y Jalit con la participación de Juárez, Gómez y Renzo Ruiz, éstos permitieron que cuantiosas sumas salgan del erario municipal hacia terceros -Astillero SRL-, (cuyos representantes legales son Klarmann y Macaron) y hacia el propio Jalit, sin ningún tipo de respaldo documental, tal como lo observó la Auditoria General de la Provincia.

Por otra parte tanto Juárez como Gómez, prestaban sus nombres para que no se haga visible quiénes eran los reales beneficiarios o destinatarios de los cartulares: el propio Jalit y la firma Astillero SRL y KYM SACAGFICFTS, cuyos representantes legales son Darío Macarón y Lilia Klarmann y quienes se beneficiaron con fondos públicos, a través de por lo menos 496 cheques. Es decir que por un lado, Jalit administraba los fondos del municipio y de manera fraudulenta hacía aparecer a Servicios General Victoria y El Mirador Servicios como los destinatarios de los pagos, cuando, en realidad, no cobraron ninguno de los cheques. Del otro lado, participaban de la maniobra Macaron y Klarmann, quienes se beneficiaban con los montos de los títulos de créditos, en connivencia con Jalit. Los tres imputados eran autorizados y firmantes indistintos de las cuentas de Astillero y KyM, adónde iban destinados dichos fondos municipales.

También quedó comprobado que Jalit compraba combustible a la empresa Astillero SRL para sus fincas privadas y era proveedora del Municipio. Jalit y Murúa, con la participación de Renzo Ruiz, firmaban las órdenes de pago y cheques destinados a Macaron–Klarmann.

Además, se constató que las farmacias Rivadavia y Cejota SRL, pertenecen a la sociedad de hecho Jalit -Castillo Sergio y que recibieron pagos cuantiosos con títulos de crédito con fondos del Municipio. Hasta hoy, se contabiliza que se libraron 108 cheques a favor de Cejota SRL y 68 a favor de Farmacia Rivadavia. En este caso, Sergio Castillo y Sergio Castillo Jalit (padre e hijo) percibieron o negociaron títulos de crédito con fondos municipales y se apropiaron de ellos; el primero por ser socio y el segundo, por ser apoderado de ambos.

Declaraciones juradas falseadas

Por otra parte, Jalit incurrió en el delito de omisión maliciosa de presentar y por falsear u omitir insertar datos en las declaración jurada patrimonial porque incumplió en debida forma al presentar las declaraciones juradas ante la Escribanía General de Gobierno y cuando lo hizo, las falseó. Se encontraron diferencias notorias entre las del 2014, 2015 y 2017 y 2019 al cotejarlas con el informe de UNAC, que se sirve de base de datos del R.N.P.A. y confirmaron diferencias entre vehículos, inmuebles y otros bienes declarados y reales.

Entre las numerosas acusaciones, también se encuentra la falta de rendiciones de gastos del Fondo Federal Solidario, a través del “Plan Más Cerca”; del Plan Alimentario Nutricional Provincial y del Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios.

Grave contaminación ambiental

Con respecto del delito de contaminación ambiental imputado a Jalit, se probó que el exfuncionario ejerció acciones claramente abusivas de su poder de intendente municipal, se introdujo invadiéndola en propiedad privada ajena y luego mandó a proceder al vertido y vaciado de la totalidad de la recolección de residuos domiciliarios, patógenos y líquidos cloacales en un sector cercano río San Francisco. Además de provocar la contaminación del suelo, aire, agua, atmósfera y en general el ambiente de un modo peligroso para la salud, puso en peligro a personas que realizan cirujeo y animales, de los cuales algunos son de consumo humano.

Es que por decisión de Jalit, se ocuparon dos inmuebles, donde se vertieron líquidos cloacales previa apertura de canales desagüe, que formaron una laguna y se originaron dos basurales. Tal acción fue demandada y tramitada en la justicia civil, que condenó al Municipio a pagar al propietario de un terreno, la suma de $ 3.500.000, al determinar que hubo negligencia del jefe comunal en las acciones realizadas sobre  una fracción de 100 has correspondiente a uno de los inmuebles. La suma total de la condena no fue cancelada, lo que significó el embargo de la Coparticipación Federal Impositiva del Municipio.

Jalit, funcionario público desde 1991

Jalit fue proclamado como concejal en noviembre de 1991 y fue jefe comunal desde 2003 a diciembre de 2019. Viazzi empezó a investigar de oficio a Jalit, a raíz de las publicaciones del diario El Tribuno, del 12 de marzo de 2019, cuando llevaba 15 años y 3 meses de gestión al frente del ejecutivo municipal y en la que el imputado contaba con un patrimonio que superaba entonces los 500 millones, el cual se multiplicó desde 2005 con vehículos de alta gama, maquinarias agrícolas y equipos varios y más de una decena de fincas. A la investigación se sumó la información brindada por la Auditoría General de la Provincia.

Durante la investigación, concejales declararon que hasta 2017, el presupuesto municipal se trató a libro cerrado, no se labraban actas y detectaron dobles imputaciones respecto de obras ya presupuestadas e inexistentes.

Como ejemplos, consta que se presupuestaron $30.000.000 destinados a gas y electricidad para el parque industrial, pero la obra no se hizo. Al terreno lo compró la Municipalidad a KyM y fue inaugurado en 2011, con solo un cartel y una casilla, pero sigue abandonado. Y surge que fueron presupuestados la feria Municipal de Pichanal -cuya obra no existe-, y el Complejo Municipal, que figuró en más de un presupuesto. En esta última obra está involucrado el agente municipal y “contratista” César Luis Gómez, quien según se verificó no tiene solvencia para ejecutar tal obra.