Ivana Chañi
Una oferta de trabajo de US$2.300 mensuales, un bono de US$20.000 y la posibilidad de obtener la ciudadanía rusa. Con esas promesas, una presunta red de reclutamiento captaba ciudadanos peruanos que terminaron enviados a la guerra contra Ucrania.
La Justicia de Perú dictó 14 meses de prisión preventiva contra Pocho Pinto, investigado por trata de personas con fines de explotación laboral.
La investigación, difundida por Deutsche Welle (DW), señala que el acusado habría organizado y financiado el traslado de cuatro peruanos a Rusia, con la promesa de trabajar como personal de seguridad en una base militar.
Entre ellos estaba Julio Salazar, quien murió en combate en abril, pese a que, según la Fiscalía, les habían asegurado que no serían enviados al frente de guerra.
El caso expone un problema de mayor alcance. De acuerdo con cifras de la Cancillería peruana, al menos 459 ciudadanos fueron captados para combatir por Rusia, presuntamente bajo engaños.
De ese total, las autoridades reportaron 11 fallecidos, 114 desaparecidos y tres prisioneros en Ucrania.
Se trata del segundo presunto reclutador enviado a prisión preventiva en Perú por estas maniobras. La investigación continúa y todavía no existe una condena definitiva.
