Ivana Chañi
El Gobierno nacional adjudicó por 20 años el corredor vial del Noroeste, que atraviesa Salta e incluye sectores de las rutas nacionales 9 y 34 dentro de un trazado total de casi 600 kilómetros.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, publicada este lunes 24 de agosto en el Boletín Oficial de la República Argentina. La concesión fue otorgada al consorcio integrado por Autovía Construcciones y Servicios S.A., VAPEU S.R.L. y GUIGIVAN S.R.L.
Según la documentación oficial de la Red Federal de Concesiones, el Tramo Noroeste tiene 596,52 kilómetros y comprende las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016.
En Salta, la concesión incluye la Ruta Nacional 9 hasta el kilómetro 1593,25, en la ciudad de Salta, dentro de un tramo que comienza en el empalme con la Ruta 64 en Santiago del Estero. También incorpora 66,51 kilómetros de la Ruta Nacional 34, desde su empalme con la RN 9 en Torzalito, Salta, hasta el acceso a San Pedro de Jujuy.
Esto significa que la concesionaria privada tendrá a su cargo durante dos décadas la explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los sectores incorporados al contrato, además de la prestación de servicios a los usuarios.
El consorcio ganador presentó para el corredor Noroeste una tarifa de peaje de $2.285 sin IVA, que fue la oferta seleccionada por Nación para adjudicar el tramo.
Ese monto es la tarifa ofertada en la licitación, no implica que comience a cobrarse automáticamente con la publicación de la resolución. El esquema oficial establece que las empresas deberán alcanzar previamente determinadas condiciones de transitabilidad antes de aplicar la tarifa adjudicada. Los contratos también contemplan mecanismos de actualización mediante índices oficiales.
La adjudicación forma parte de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que comprende más de 3.900 kilómetros distribuidos en ocho corredores: Centro, Centro Norte, Mesopotámico, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo.
El nuevo esquema prevé concesiones privadas para la explotación y mantenimiento de las rutas y, según informó Vialidad Nacional, funcionará sin subsidios del Estado nacional. El organismo quedará encargado de controlar el cumplimiento de los contratos y los niveles de servicio de cada corredor.
