El Gobierno de Javier Milei avanza con gestiones ante autoridades de Estados Unidos para impulsar una investigación penal sobre el ingreso, la administración y la posterior salida de la familia Eskenazi y el Grupo Petersen de YPF.
La estrategia apunta a que el Departamento de Justicia estadounidense investigue posibles irregularidades en la adquisición del 25% de las acciones de la petrolera durante el kirchnerismo. Según trascendió, funcionarios argentinos mantuvieron reuniones reservadas con representantes de la administración norteamericana.
La Casa Rosada busca determinar si en aquella operación existieron irregularidades o hechos de corrupción. Si una eventual investigación aportara elementos sobre un origen fraudulento de la operación, el Gobierno intentaría utilizar esa información para fortalecer la defensa argentina en los litigios que se tramitan en Nueva York.
La ofensiva forma parte de la disputa judicial por la estatización de YPF, que derivó en reclamos multimillonarios contra la Argentina. En marzo, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la condena de primera instancia contra el Estado argentino y devolvió el expediente para que continúe su tratamiento judicial.
De esta manera, el Gobierno busca abrir un nuevo frente en la batalla judicial por YPF: poner bajo investigación el ingreso de los Eskenazi a la petrolera y conseguir elementos que puedan tener impacto sobre las demandas que enfrenta el país.
