El Archivo Central del Ministerio de Gobierno llevó adelante uno de los expurgos documentales más importantes de los últimos dos años de gestión, con la depuración de 7.560 cajas pertenecientes al Instituto Provincial de Salud (IPS). El operativo permitió liberar espacio físico, optimizar recursos públicos y cumplir con los plazos legales de conservación documental previstos por la normativa vigente.
El operativo fue coordinado por el Archivo Central, organismo dependiente de la Secretaría de Gobierno, bajo la dirección de Pablo Genovese. Las tareas se desarrollaron en la planta ubicada en el Parque Industrial y finalizaron en las instalaciones de Alsina 960.
El procedimiento de expurgo constituye una herramienta fundamental para el correcto funcionamiento de los archivos públicos, ya que permite preservar la documentación de valor permanente y retirar aquella que ha cumplido los plazos legales de conservación establecidos por las Tablas de Retención y Permanencia documental, en cumplimiento de la Ley SIPADA y demás normativas vigentes.
El operativo alcanzó documentación del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), con un total de 105 pallets expurgados, equivalentes a 7.560 cajas de archivo. El material incluía informes de facturación de clínicas, bonos de consulta y prácticas médicas, recetas, tickets de farmacias privadas, antecedentes médicos y fichas de alta, que ya habían cumplido el plazo legal de conservación de diez años establecido por las Tablas de Retención y Permanencia del organismo.
Al respecto, el director general del Archivo Central, Pablo Genovese, destacó que "el expurgo documental no consiste en eliminar documentación de manera indiscriminada, sino en aplicar procedimientos técnicos y legales previstos por la normativa vigente. En este caso, se trabajó sobre documentación que había cumplido más de diez años de guarda obligatoria y que, de acuerdo con las Tablas de Retención y Permanencia del IPS, ya podía ser sometida al proceso de expurgo correspondiente".
Asimismo, explicó que "este trabajo permite mejorar la organización de los fondos documentales, facilitar la gestión de la información cuando es requerida y generar un uso más eficiente de los recursos públicos. Se trata de una tarea indispensable para garantizar que un archivo cumpla adecuadamente su función y preserve correctamente la documentación que posee valor administrativo, legal e histórico".
El proceso se desarrolló con la participación y supervisión de representantes de Auditoría y Asuntos Legales del IPS, Escribanía de Gobierno, Fiscalía de Estado y personal técnico del Archivo Central, garantizando la transparencia y el cumplimiento de cada una de las etapas previstas por la normativa vigente.
Desde el Archivo Central destacaron que este tipo de procedimientos son fundamentales para garantizar una gestión documental eficiente, preservar la documentación de valor permanente y optimizar el uso de los espacios y recursos públicos. Estas acciones forman parte del trabajo que impulsa la Secretaría de Gobierno para fortalecer los procesos administrativos y modernizar la gestión documental, en cumplimiento de la normativa vigente.
