Suiza irá a las urnas este domingo en una nueva jornada de referéndums, una herramienta de democracia directa habitual en el país. Entre las propuestas en discusión se encuentra una iniciativa que plantea fijar un límite máximo de 10 millones de habitantes, algo inédito a nivel global.
El proyecto fue impulsado por el Partido Popular Suizo (SVP), una fuerza de extrema derecha con un discurso crítico de la inmigración. En caso de ser aprobado, el gobierno estaría obligado a aplicar medidas para evitar que la población supere ese umbral, lo que implicaría un endurecimiento profundo de la política migratoria e incluso la revisión de acuerdos internacionales.
Actualmente, Suiza cuenta con unos 9,1 millones de habitantes. En las últimas décadas, el país registró un crecimiento demográfico sostenido: un 10% en la última década y un 23% desde comienzos de siglo.
Los impulsores de la iniciativa sostienen que el crecimiento poblacional pone en riesgo el equilibrio ambiental y la calidad de vida en Suiza. Por eso, argumentan que el límite de 10 millones de habitantes es necesario para reducir la presión sobre los recursos naturales y la infraestructura del país.
El texto prevé alcanzar un máximo de 9,5 millones de habitantes en 2035 mediante restricciones al derecho de asilo, la reunificación familiar y la llegada de nuevos migrantes. Además, establece que si el país supera el límite de 10 millones, el gobierno deberá tomar “todas las medidas disponibles”, incluyendo la posible suspensión de acuerdos internacionales que facilitan la migración.
El punto más delicado es su impacto sobre la relación con la Unión Europea. Suiza mantiene acuerdos de libre circulación con el bloque que permiten a los ciudadanos europeos vivir y trabajar en el país. Si la población no desciende por debajo del límite en un plazo de dos años, la iniciativa contempla suspender esos acuerdos, lo que podría afectar a cerca de 1,5 millones de residentes europeos y generar un fuerte impacto económico.
Este esquema de libre circulación es uno de los pilares de la relación entre Suiza y la Unión Europea y sostiene tanto la movilidad laboral como el acceso preferencial al mercado común. Su eventual ruptura implicaría una reconfiguración profunda de los vínculos bilaterales y un deterioro significativo de la relación política y económica entre ambas partes.
El gobierno suizo rechazó la propuesta y advirtió que su aprobación podría aislar al país. En la misma línea, el sector empresarial calificó la iniciativa como una “iniciativa del caos” y alertó que Suiza seguirá dependiendo de mano de obra extranjera en el futuro. Las encuestas previas muestran una elección muy pareja, con final abierto.
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