Ivana Chañi
Diputados podrían tratar este martes 12 de mayo una modificación clave a las leyes 7.863 y 8.024 para que los miembros designados por los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo en organismos de Derechos Humanos cumplan sus funciones sin percibir salario estatal adicional.
La iniciativa del bloque Todos por Salta responde a la necesidad de austeridad administrativa ante el contexto económico actual de recursos limitados.
El proyecto establece que quienes representen a las instituciones públicas en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y en el Comité de Prevención de la Tortura deberán ejercer sus cargos de forma ad honorem.
Además, se propone derogar las incompatibilidades actuales para que estos miembros puedan mantener sus actividades privadas o académicas remuneradas mientras desempeñan su labor institucional.
"Es fundamental coadyuvar al equilibrio de los recursos públicos sin descuidar la invaluable labor de estos organismos en la prevención de la violencia y la tortura", advierte la fundamentación.
La medida no afectaría a los representantes de organizaciones no gubernamentales, manteniendo la esencia de participación civil en dichos entes.
