Agustina Tolaba
Por Aries, la presidenta de la Comisión Bicameral Examinadora de Cuentas de la Legislatura provincial, Patricia Hucena, aseguró que presentará un proyecto de ley para que exfuncionarios públicos estén obligados a comparecer y dar explicaciones institucionales sobre el manejo de fondos y obras ejecutadas durante sus gestiones.
Las declaraciones surgen luego del análisis del informe definitivo de auditoría financiera sobre el Fondo de Reparación Histórica (FRH), donde la legisladora volvió a cuestionar las demoras, inconsistencias y falta de controles detectados en distintas obras.
Hucena señaló que todavía resta un informe clave por concluir y explicó que la comisión continuará evaluando la documentación pendiente. Como ejemplo de las irregularidades observadas, mencionó el caso de la planta depuradora de líquidos cloacales de Orán.
“Según el informe, para esa obra había un monto asignado de 37 millones del Fondo de Reparación Histórica, pero solo se utilizaron 11 millones de esos recursos y la Provincia tuvo que adicionar otros 67 millones”, detalló.
La diputada afirmó que, pese a la inversión total cercana a los 78 millones, la obra apenas alcanzó un avance físico del 65,20% y nunca fue concluida. “Se gastó más del doble y hoy esa planta es obsoleta”, sostuvo.
Así, Hucena advirtió sobre lo que definió como un “vacío institucional” en los mecanismos de control de la función pública. “Cuando el funcionario deja el cargo, ya no vuelve a responder ante la Legislatura y todo queda entre lo mediático o lo judicial”, cuestionó.
La legisladora consideró que debe existir una obligación formal para que exfuncionarios comparezcan y den explicaciones sobre decisiones tomadas durante sus mandatos. “Esto es un problema real del sistema”, afirmó.
Además, explicó que durante la auditoría se registraron demoras incluso para notificar a exautoridades involucradas en los expedientes analizados.
Hucena aclaró que su planteo no apunta contra personas en particular, sino a fortalecer los mecanismos institucionales de control y trazabilidad de la gestión pública. “No estoy nombrando personas ni voy en contra de nadie. Estoy haciendo un análisis institucional y creo que eso hay que subsanarlo con una ley”, concluyó.
