Ivana Chañi
La Comisión Bicameral Examinadora de Cuentas volvió a poner el foco sobre el manejo de los recursos del Fondo de Reparación Histórica y ahora espera un informe financiero clave que podría esclarecer el destino final de los fondos destinados a obras en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia.
Luego de revisar este miércoles el informe presentado por el auditor Marcos Segura Alzogaray, los legisladores resolvieron avanzar con un nuevo pedido formal para acceder al informe financiero final elaborado por otra auditora, documento que consideran central para determinar eventuales responsabilidades.
En Día de Miércoles, el senador provincial por Orán, Juan Cruz Curá, explicó que durante la reunión surgieron nuevos cuestionamientos sobre obras que nunca fueron terminadas pese a haber contado con financiamiento.
“Estamos hablando de mucha plata que tomó la provincia y que pagamos todos los salteños. Hay muchas obras que no se hicieron”, advirtió.
El legislador puso como ejemplo una planta de líquidos cloacales proyectada para Orán que quedó inconclusa y hoy representa uno de los casos que genera mayor preocupación.
Según detalló, la obra quedó ejecutada en un 65% y actualmente demandaría una inversión cercana a los 15 millones de dólares para completarla.
“Hoy tenemos problemas ambientales por no tener esa planta en funcionamiento”, sostuvo.
Curá también cuestionó el trabajo del auditor al señalar que, ante la falta de documentación en áreas del Estado, debieron haberse tomado medidas más firmes.
“Si no encontró información, tendría que haber ido a la Justicia”, planteó.
El senador explicó que el próximo paso será analizar el informe financiero que debe presentar la auditora Elsa Pereyra Maidana, donde podría aparecer información determinante sobre cómo se administraron los recursos.
“Ahí está la duda de un montón de cuestiones”, advirtió al referirse al manejo del dinero proveniente de créditos tomados en dólares para ejecutar obras públicas.
Mientras tanto, la comisión mantiene pendientes los cierres de ejercicio de 2018 y 2019, a la espera de esa documentación para avanzar con definiciones políticas y eventuales responsabilidades.
