Agustina Tolaba
El Ministerio de Gobierno y Justicia puso en marcha el procedimiento participativo para la renovación de dos integrantes de la Corte de Justicia de Salta, en el marco del sistema de selección con participación ciudadana establecido por la normativa vigente.
Por un lado, mediante la Resolución Nº 206 publicada este martes 28 de abril en el Boletín Oficial, se inició el proceso para la posible renovación de la designación de la Dra. Adriana María Rodríguez Faraldo como jueza del máximo tribunal provincial. En paralelo, a través de la Resolución Nº 205, se habilitó el procedimiento para la continuidad de la Dra. María Alejandra Gauffín en el mismo cargo.
Ambos procesos se desarrollan en el marco de la Ley Nº 8311 y los Decretos Nº 255/26 y 254/26, que regulan el mecanismo de selección con participación ciudadana para la cobertura de cargos en la Corte de Justicia.
Según lo establecido, durante tres días se publicarán los antecedentes curriculares de las postulantes en el Boletín Oficial, medios provinciales y en los sitios web del Gobierno de Salta y del Ministerio de Gobierno y Justicia. Además, se abrió un plazo de quince días hábiles para la presentación de observaciones, opiniones o consideraciones por parte de ciudadanos, instituciones y organismos.
Las presentaciones podrán realizarse en forma presencial en la Secretaría de Justicia, ubicada en Santiago del Estero 2291 de la ciudad de Salta, de 8 a 14 horas, o a través del correo electrónico oficial dispuesto para el trámite.
Tanto Rodríguez Faraldo como Gauffín se encuentran próximas a cumplir sus actuales mandatos de seis años. Sin embargo, la reforma de la Constitución provincial modificó el esquema de permanencia en la Corte, estableciendo la posibilidad de nuevas designaciones por períodos de diez años.
En caso de concretarse las renovaciones, ambas magistradas alcanzarían una permanencia de hasta 16 años en la Corte de Justicia de Salta.
Finalizado el período de participación ciudadana, las observaciones serán remitidas a las postulantes para sus respuestas correspondientes. Luego, los expedientes serán elevados al Poder Ejecutivo provincial y, posteriormente, deberán contar con el acuerdo del Senado en sesión pública, conforme lo establece la Constitución provincial.
