A días de cumplirse 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, un grupo de magistradas y magistrados de todo el país advirtió que el modelo económico que se consolidó durante la última dictadura “no terminó” con el regreso de la democracia, sino que volvió a aparecer en distintas etapas de la historia reciente y, según sostuvieron, también encuentra expresiones en el presente.
El planteo fue difundido por el Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), que publicó una declaración titulada “A 50 años del golpe: cuando la deuda y el hambre vuelven a ser herramientas de control”. Allí, los firmantes señalaron que el terrorismo de Estado no puede analizarse únicamente como un régimen de persecución y violencia, sino también como el instrumento para imponer una transformación económica de fondo.
“Observamos con alarma cómo se intenta reflotar un guion conocido”, señalaron. Y agregaron: “Es fundamental entender que el terrorismo de Estado que atravesó la Argentina fue, ante todo, el instrumento para imponer un modelo económico. Su objetivo central fue reducir el rol del Estado, desarticular la industria nacional, debilitar a la clase trabajadora y consolidar un esquema de concentración de la riqueza”.
El documento fija así una lectura política y económica del golpe, al sostener que detrás del quiebre institucional se puso en marcha un programa orientado a modificar la estructura social del país. En esa línea, los jueces recordaron que la consigna de “achicar el Estado para agrandar la Nación” derivó, según remarcaron, en pérdida de soberanía, endeudamiento externo y restricción de derechos.
El aspecto más fuerte del pronunciamiento aparece cuando COPAJU vincula ese proceso con etapas posteriores de la democracia. “Hoy vemos que ese modelo no terminó con la dictadura. Se reconfiguró en distintos momentos de nuestra historia reciente -en los 90, en el 2001, en el 2015- y vuelve a manifestarse hoy bajo nuevas narrativas que se venden como ‘lo nuevo’, pero que reproducen lógicas viejas”, afirmaron.
Para los magistrados, el problema no se limita al plano económico. También advirtieron sobre una degradación del vínculo social, atravesada por la legitimación de la violencia, la estigmatización de los sectores más vulnerables y la indiferencia frente al sufrimiento ajeno.
“Asistimos a un deterioro del lazo social que no puede ser ignorado: la naturalización de la violencia, la legitimación del discurso cruel y la estigmatización de los sectores más desprotegidos”, indicaron. En ese tramo, el texto recupera además conceptos del papa Francisco, al advertir que la crueldad también se expresa en la falta de compasión y en la aceptación pasiva de la exclusión.
El pronunciamiento también cuestiona el desfinanciamiento de áreas sensibles del Estado y advierte sobre los efectos concretos del ajuste sobre jubilados, trabajadores, barrios populares y servicios esenciales.
Según plantearon, la regresividad en materia de derechos sociales -que los tratados internacionales incorporados a la Constitución prohíbe- se vuelve más grave cuando el Estado se retrae de funciones básicas. En ese punto, denunciaron situaciones de hambre, deterioro de la salud y la educación pública y omisiones estatales en materia de asistencia.
“No podemos permitir que la miseria sea, otra vez, un destino planificado”, afirmaron. Y remarcaron que la Constitución Nacional no puede ser leída solo como un marco institucional, sino también como un límite al poder y una obligación concreta de promover el bienestar general.
El texto incluye además referencias a episodios recientes de represión y violencia, entre ellos la agresión a una jubilada en una protesta y el caso del fotógrafo Pablo Grillo, como ejemplos de un clima que, a juicio de los firmantes, exige una reacción democrática.
Pese al diagnóstico crítico, COPAJU destacó la persistencia de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia y sostuvo que, aun en contextos adversos, los procesos de búsqueda y reconstrucción histórica siguen abiertos.
En ese marco, mencionó el reciente hallazgo de restos de desaparecidos en La Perla como una señal de que la memoria colectiva continúa activa, incluso frente al vaciamiento de áreas estatales vinculadas a derechos humanos.
El cierre del documento vuelve sobre esa idea y plantea que recordar no implica solo conmemorar el pasado, sino también asumir una posición frente al presente. “Este 24 de marzo exige reafirmar un posicionamiento claro: la defensa irrestricta del Estado de Derecho, de la Constitución Nacional y de los derechos humanos en su integralidad”, sostuvieron.
Y concluyeron: “Honrar la memoria es recuperar los ideales de justicia y bien común frente a la crueldad que busca deshumanizarnos”.
Con información de Ámbito
