Compromiso

Con la atención puesta en el intercambio de críticas y denuncias, se demoran los acuerdos necesarios.
 Las administraciones provinciales están impactadas por esta situación y demandan recuperar el diálogo con el Ejecutivo nacional para tener certezas respecto de la disponibilidad de recursos. El paréntesis impuesto por la gestión para acercar inversiones, realizada en Estados Unidos, es un movimiento que concurre a un plan de mediano plazo pero en lo inmediato hay una negociación que incluye el tratamiento de iniciativas legislativas pero, sobre todo, la respuesta a las demandas de distintos sectores en cada provincia.

En Salta, la reanudación de la actividad legislativa, va acomodando la convivencia entre los sectores que responden al gobernador Gustavo Sáenz y el presidente Javier Milei. A ese nivel hay un diálogo pragmático pero no tiene su reflejo en la Legislatura ni en los Concejos Deliberantes. A ello se suma, en la Capital, la tarea de una Convención Municipal que lleva adelante la tarea de reforma de la Carta Orgánica.

La Convención Municipal de Salta aprobó su reglamento interno

Esta relación entre el saencismo y La Libertad Avanza en el territorio provincial muestra un ánimo confrontativo que no da señales de acercamientos. En ese orden puede citarse la situación en la Cámara de Diputados, en la que los libertarios han ampliado su representación y  pueden incluir un proyecto en el Acta de Labor Parlamentaria de cada sesión semanal. El reglamento interno del cuerpo exige que cada iniciativa cuente con dictamen para ser tratado en el recinto y ese requisito, previsto para favorecer un análisis acabado de las propuestas, resulta en un escollo de difícil resolución, cuando las comisiones están dominadas por el oficialismo provincial. Ocurrió en la primera sesión del cuerpo, cuando el proyecto de una ley de bases no tuvo la posibilidad de ser discutida aunque su incorporación en el Acta despertó expectativas. 

Para la sesión de este martes se incluyó un proyecto que propone la autofinanciación de entes autárquicos, con la finalidad de disminuir al máximo el cobro de impuestos para el financiamiento del Estado provincial. La naturaleza de la iniciativa, que aguarda su tratamiento desde el año legislativo anterior, hace prever que tampoco llegará con dictamen, a menos que esté asegurado su rechazo debidamente fundado.

Buscan que magistrados y funcionarios se afilien obligatoriamente al IPS

Pero el mayor clima de confrontación se expresa en la Convención Municipal, que en su segunda sesión logró aprobar el reglamento interno, con el voto de la mayoría que, en este caso, está encarnada en La Libertad Avanza. Hubo coincidencias en 28 puntos pero dos provocaron una discusión sin otra salida que la imposición del número, que dejó sabor a frustración para el oficialismo municipal. Ya venía de un inicio poco alentador porque en su conducción no se receptó la representatividad de los bloques políticos que la integran.

Este viernes, el cuerpo  retomará el debate que ya se centrará en los cambios que se pretenden realizar en una norma que rige la convivencia comunitaria en la principal ciudad de la Provincia. Vigente desde 1988 hay importantes reformas pendientes para adecuarla a disposiciones constitucionales que se introdujeron en casi cuatro décadas, incluyendo la que extendió a cuatro años el mandato de los concejales. Las propuestas para ampliar la participación de los vecinos y asegurar la transparencia de la administración municipal mediante un control público independiente del poder político prometen un debate interesante. 

Pero deben bajar los decibeles de la discusión sectorial. Ni la larga experiencia del mismo conglomerado partidario en la conducción del gobierno municipal ni la declarada pureza ética de quienes reivindican su raíz apolítica son garantía de calidad legislativa.

Solo la atención ciudadana sobre los temas que le competen como parte esencial de la sociedad asegura que la tarea de sus representantes puede resultar eficiente y contribuir 
al bien común, por los próximos 30 años, como se pretende. Los vecinos capitalinos deben asumir ese compromiso.

Salta, 16 de marzo de 2026