En Agenda Abierta, la abogada de la familia de Natalia Cruz, Paula Nevora, confirmó que la querella solicitará incorporarse a la investigación anunciada por el Procurador General de la Provincia para determinar si existieron responsabilidades institucionales en la actuación previa al femicidio.
La víctima había denunciado durante años haber sufrido violencia por parte de Orlando Serapio, señalado como presunto autor del crimen. Sin embargo, según se investiga, no se habrían aplicado medidas eficaces para evitar el desenlace fatal.
“Nosotros estamos ampliando lo que es el pedido de la querella para también estar dentro de esa investigación”, explicó Nevora, quien remarcó que la familia busca conocer qué ocurrió con las actuaciones previas.
En ese sentido, señaló que pretenden identificar a los funcionarios que intervinieron en las denuncias y analizar si el Estado cumplió con su obligación de protección. “Queremos saber quiénes fueron los funcionarios, dónde están esos libros de acta y quiénes tenían la responsabilidad, no solo los funcionarios, sino también si hay responsabilidad del Estado”, sostuvo.
La letrada planteó que existen normas nacionales e internacionales que obligan al Estado a intervenir de manera activa frente a situaciones de violencia de género. “Tenemos convenciones de derechos humanos y normativas que exigen que el Estado esté presente, que tome medidas y que proteja a las víctimas”, afirmó.
Según indicó, Natalia Cruz había denunciado situaciones de violencia desde 2011. “Fue una violencia que claramente fue escalonada y que terminó con la muerte de ella”, expresó.
Nevora también advirtió que, en muchos casos, las denuncias por violencia de género enfrentan obstáculos en su tramitación. “Hasta el día de hoy sigue pasando que una persona se presenta en una comisaría y le dicen que no le van a tomar la denuncia o que lo que queda escrito no refleja la gravedad de lo que contó la víctima”, señaló.
La abogada subrayó además que el presunto agresor habría incumplido en varias oportunidades medidas judiciales dispuestas para proteger a la víctima, pero que esas situaciones no habrían derivado en imputaciones en su momento.
“Hubo distintos incumplimientos de Serapio de medidas que ya habían sido dispuestas y no hubo ninguna imputación. Recién se imputaron esos incumplimientos ahora que Natalia está muerta”, cuestionó.
En ese marco, la querella buscará establecer qué ocurrió con las denuncias y medidas previas, y si hubo omisiones por parte de autoridades o fuerzas de seguridad. “Lo que queremos es buscar respuestas, saber qué fue lo que realmente pasó y quiénes son los responsables”, concluyó Nevora.
