En una nuevo pedido al TOF 2, que ejecuta la sentencia del caso Vialidad, el fiscal Luciani enumeró 141 propiedades de la expresidenta Cristina Kirchner y su familia.
Política12/02/2026
El fiscal general Diego Luciani avanzó en una segunda tanda de decomisos en el marco del caso Vialidad, donde la cifra a cubrir como resultado de la maniobra defraudatoria asciende a 685.000 millones de pesos. En el nuevo pedido al Tribunal Oral Federal 2, que juzgó el caso y ejecuta su sentencia, una de las primeras propiedades de la familia Kirchner que encabeza el listado es el departamento de la calle San José 1111. También figura el chalet de Río Gallegos, el hotel Alto Calafate y los dólares de Florencia Kirchner.
Mientras Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia buscan detener el proceso de ejecución patrimonial que se puso en marcha tras la confirmación de la condena por corrupción en el caso Vialidad, el fiscal Luciani prosiguió con el análisis de los bienes registrados y en un dictamen de 30 páginas solicitó un nuevo decomiso.
El extenso listado de 141 inmuebles incluye propiedades de la ex Presidenta, de Lázaro Báez -en su gran mayoría- y de los demás condenados en este expediente.
Ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) responsable de ejecutar la pena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado que pesa sobre Cristina, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti, entre otros, el fiscal Luciani presentó un nuevo pedido de decomiso de bienes. El objetivo es llegar a cubrir los 685.000 millones de pesos que se fijó como monto del fraude ocasionado a través de las 51 licitaciones direccionadas, plagadas de irregularidades, con sobreprecios promedio del 65% y circuitos exclusivos de pago para el Grupo Austral.
“Venimos por el presente a identificar nuevos bienes de las personas condenadas para que se ordene su decomiso. En concreto, solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores”, sostiene el dictamen de la fiscalía.
Junto a un exhaustivo detalle de propiedades, el Ministerio Público reclama como parte del decomiso los 4.664.000 dólares de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; 992.134 dólares de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y 53.280,24 pesos.
La medida que solicitan el fiscal Luciani y su par Sergio Mola, responde a que las personas condenadas, “intimadas a depositar 684.990.350.139,86 pesos por la defraudación colosal a la Administración pública, todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”.
No sólo ocurrió esa circunstancia, detalla el dictamen, sino que “ también han echado mano de todo tipo de artilugios procesales —declarados inadmisibles una y otra vez por el tribunal que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores—”.
Como resultado de los recursos presentados, entiende Luciani, se “viene dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme. La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.
A criterio del representante del Ministerio Público, muchos de los condenados “registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada como para, por lo menos, comenzar el complejo proceso de recupero de activos provenientes de los actos de corrupción que cometieron durante 12 años”.
Cabe recordar que el TOF 2 ordenó avanzar sobre todos los bienes incorporados al patrimonio de los acusados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015. Es la ventana temporal durante la cual se desarrolló la maniobra defraudatoria.
Es el argumento que se utilizó para avanzar sobre 19 inmuebles que Cristina Kirchner le heredó a sus hijos en 2016, a título gratuito y en partes iguales. Para la justicia, fueron incorporados a la fortuna de la ex mandataria mientras se produjo la administración fraudulenta.
El primer grupo de 111 propiedades fueron ejecutadas: el juez Jorge Gorini remitió el listado de bienes a la Corte Suprema tras ordenar el decomiso, porque el máximo tribunal e el que toma posesión de los bienes recuperados de la corrupción y decide sobre el destino de las propiedades, los vehículos y el dinero sujeto a decomiso.
Dijo en su dictamen la fiscalía: “Para la sociedad argentina —cuyos intereses generales este Ministerio Público Fiscal representa—, es fundamental que la Justicia exija el acatamiento estricto de la ley a todas las personas por igual. En otras palabras, para desterrar definitivamente la impunidad de los corruptos, es imprescindible que se empleen todos los mecanismos legales tendientes a recuperar los activos provenientes de los delitos”.
En especial, dijo Diego Luciani, “de la gran corrupción”. Y añadió a su explicación: “Se trata, ni más ni menos, de reparar los daños que se le provocaron a la sociedad y de restaurar la confianza en las instituciones públicas luego de 12 años de un sistema de corrupción que socavó la democracia y los derechos humanos de las personas más vulnerables”.
Entre las propiedades de Cristina Kirchner que la fiscalía pide decomisar, se encuentran: San José 1111, el hotel La Aldea de El Chaltén y el hotel Alto Calafate, investigado por lavado de activos.
También se incorporó el chalet de la costanera de Río Gallegos, casas, terrenos y departamentos ubicados en la capital santacruceña.
Clarín
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