El presidente acusa al mayor banco de EE.UU. de haberle cerrado cuentas por motivos políticos tras el asalto al Capitolio.
El Mundo23/01/2026
Donald Trump presentó una demanda civil contra JPMorgan Chase y su director ejecutivo, Jamie Dimon, en la que reclama al menos 5.000 millones de dólares en concepto de daños, al acusar al banco de haberlo “desbancarizado” tras el ataque al Capitolio perpetrado por sus seguidores el 6 de enero de 2021.
La acción judicial fue presentada en Miami, según informaron Fox Business y Bloomberg, y se enmarca en una ofensiva más amplia del mandatario contra grandes instituciones financieras a las que acusa de discriminar a conservadores.
De acuerdo con la denuncia, Trump sostiene que JPMorgan Chase le retiró de manera unilateral y sin previo aviso varios servicios bancarios, violando sus propias políticas internas y actuando por conveniencia política. El presidente afirma que el banco lo señaló de forma indebida para “subirse a la marea política” posterior al asalto al Capitolio, en lugar de aplicar criterios objetivos y uniformes a todos sus clientes.
En el texto de la demanda, Trump cita los más de 225 años de historia de JPMorgan, período en el que la entidad ha sostenido públicamente que sirve a sus clientes con respeto y que se guía por valores fundamentales. Según el mandatario, esas declaraciones contrastan con la decisión de cerrar cuentas vinculadas a él y a sus negocios sin ofrecer instancias de remedio ni explicaciones claras.
JPMorgan Chase respondió con un comunicado en el que rechazó las acusaciones y sostuvo que la demanda carece de fundamento. “Respetamos el derecho del presidente a iniciar acciones legales y defenderemos firmemente nuestra posición”, señaló el banco. La entidad aseguró que no cierra cuentas por motivos políticos ni religiosos, sino cuando identifica riesgos legales o regulatorios para la compañía. En ese sentido, afirmó que, aunque lamenta tener que tomar este tipo de decisiones, las reglas y expectativas regulatorias en ocasiones obligan a hacerlo.
La Casa Blanca informó que el asunto será derivado a los abogados externos del presidente, subrayando que se trata de una disputa legal privada. No obstante, el caso adquiere una dimensión política más amplia, ya que se inscribe en el debate sobre la llamada “desbancarización”, un término utilizado por sectores conservadores para describir la supuesta exclusión de determinadas personas o industrias del sistema financiero.
En los últimos años, los grandes bancos estadounidenses han estado bajo creciente presión política, especialmente por parte de legisladores y dirigentes republicanos que los acusan de adoptar posturas “woke” y de discriminar a sectores como la industria de armas de fuego, los combustibles fósiles o figuras públicas conservadoras. Trump ha intensificado esas críticas durante su segundo mandato, afirmando en entrevistas que tanto él como otros aliados ideológicos fueron privados injustamente de servicios financieros. Las entidades bancarias, por su parte, han negado de forma sistemática esas acusaciones.
De acuerdo a información de Reuters, un regulador bancario estadounidense señaló recientemente que los nueve mayores bancos del país habían impuesto en el pasado restricciones para ofrecer servicios a industrias controvertidas, una práctica que suele describirse como "desbancarización". Sin embargo, los reguladores también han revisado sus propios criterios de supervisión para determinar si políticas demasiado estrictas pudieron haber desalentado a los bancos a mantener relaciones comerciales con determinados clientes.
En este contexto, funcionarios designados por Trump impulsaron cambios para relajar la supervisión bancaria. El año pasado, los reguladores federales anunciaron que dejarían de evaluar a las entidades en función del llamado “riesgo reputacional”, un estándar que permitía sancionar actividades no explícitamente prohibidas pero susceptibles de generar mala prensa o litigios costosos. La industria bancaria había criticado durante años ese criterio por considerarlo vago y subjetivo.
Los bancos también han reclamado una actualización de las normas contra el lavado de dinero, argumentando que estas reglas pueden obligarlos a cerrar cuentas sospechosas sin posibilidad de ofrecer explicaciones detalladas a los clientes, lo que alimenta acusaciones de arbitrariedad.
Con información de Clarín
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