Las petroleras de EEUU ven en Delcy Rodríguez una aliada para el regreso a Venezuela

En medio de las crecientes presiones de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro y las tensiones por una transición controlada por el gobierno de Donald Trump, la figura de Delcy Rodríguez - exvicepresidenta y actual mandataria encargada- comienza a tomar fuerza como una pieza clave en el futuro de las relaciones entre ambos países. En este sentido, ejecutivos petroleros, abogados e inversores con intereses históricos en Venezuela aseguran que la número dos del chavismo, es la figura mejor posicionada para ocupar el vacío de poder.

Rodríguez, ministra de Petróleo y vicepresidenta del régimen, se consolidó durante años como la principal interlocutora con el sector privado. Su capacidad para sostener la operatoria de la industria en un contexto de sanciones, escasez de divisas y deterioro institucional le valió reconocimiento entre ejecutivos internacionales, informó Bloomberg. En este sentido, su figura surge como la de mayor margen para ejecutar el plan estadounidense de normalizar el flujo petrolero venezolano y facilitar el regreso de las compañías extranjeras.

Menos de dos días después de ser desplazado Maduro, fue el propio Trump quien reconoció que Rodríguez "está cooperando" con su gestión. Sin embargo, el republicano también lanzó amenazas si la política no brinda "acceso total" al petróleo.

Bloomberg consignó que el círculo íntimo de Donald Trump llegó a conclusiones similares que el sector petrolero por canales propios. Rodríguez, vista como un puente entre el Estado y el sector privado, podía estabilizar el corazón económico del país con mayor rapidez que la referente opositora María Corina Machado, figura central de la disidencia pero sin control sobre el aparato estatal ni vínculos operativos con la industria y sobre quien el presidente estadounidense ya advirtió que "le sería muy difícil estar al frente del país" porque "no cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país".

En la Casa Blanca, funcionarios recordaron el colapso institucional que siguió a la caída de Saddam Hussein en Irak y coincidían en que preservar cierta continuidad operativa sería clave para evitar un escenario de caos. En ese esquema, Rodríguez reúne dos condiciones difíciles de combinar: conocimiento directo del engranaje petrolero y vínculos de larga data con los núcleos duros del poder chavista que aún sobreviven tras la salida de Maduro.

Las grandes petroleras estadounidenses no formaron parte activa de ese lobby inicial. Según personas al tanto de las conversaciones, agregó Bloomberg, compañías como Chevron quedaron sorprendidas por la caída de Maduro y todavía evalúan cómo alinearse con Washington en la etapa que se abre.

Desde Chevron, la única mayor de Estados Unidos con licencia vigente para operar en el país, un vocero señaló que la compañía no tuvo información previa sobre la operación contra Maduro ni mantuvo diálogos con el gobierno sobre el esquema de gobernanza posterior. También remarcó que las actividades en Venezuela continúan sin alteraciones y bajo estricto cumplimiento normativo.

Las compañías con activos o proyectos en Venezuela presionan ahora para que la administración Trump flexibilice con rapidez el régimen de sanciones. El argumento es urgente: a fines de diciembre, el país comenzó a cerrar pozos por falta de capacidad de almacenamiento, producto del estancamiento exportador. Nuevas interrupciones, advierten fuentes del sector, comprometerían la recuperación económica y debilitarían la posición política de Rodríguez en una etapa todavía frágil.

Por lo pronto, la actual mandataria de emergencia venezolana avanza en la consolidación del poder interno. El lunes, la Asamblea Nacional la juramentó como presidenta interina. El sábado había adoptado un tono confrontativo al calificar la captura de Maduro como un “secuestro” y exigir su restitución, un discurso que, según fuentes políticas, buscó blindarla frente a posibles represalias internas.

Sin embargo, Rodríguez moderó su discurso horas después y convocó a Estados Unidos a “trabajar juntos en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco del derecho internacional, y a fortalecer la coexistencia comunitaria duradera”.

Con 56 años, Rodríguez es una de las figuras más experimentadas del chavismo. Ocupó carteras clave, incluida la Cancillería, desde donde tejió redes diplomáticas en un contexto de aislamiento creciente. Su nombramiento como ministra de Petróleo en 2024, tras la ajustada reelección de Maduro, la colocó al frente de PDVSA con el mandato de combatir la corrupción y mejorar la opacidad contable de una empresa sobredimensionada.

La hija del revolucionario

Rodríguez dio sus primeros pasos en la política nacional durante la presidencia de Hugo Chávez, al frente del Ministerio del Despacho de la Presidencia, tras graduarse como abogada en la Universidad Central de Venezuela. Con el desembarco de Nicolás Maduro en el poder, su proyección interna se aceleró: pasó por las carteras de Comunicación y de Economía, ocupó la Cancillería y terminó consolidándose como vicepresidenta ejecutiva, uno de los cargos de mayor peso dentro del esquema de gobierno.

En paralelo, encabezó la Asamblea Nacional Constituyente creada en 2017, un órgano supraconstitucional que absorbió amplias facultades y funcionó como sostén político del chavismo en su etapa más crítica. Más recientemente, sumó el Ministerio de Hidrocarburos, un movimiento que reforzó su centralidad en el Ejecutivo y la colocó en el vértice de la principal fuente de ingresos del país.

Desde la Cancillería y como articuladora política, fue una pieza clave en el vínculo con aliados estratégicos como China, Rusia, Irán y Turquía. Su exposición internacional estuvo marcada por varios episodios controvertidos, entre ellos el intento de asistir a una cumbre del Mercosur en 2016 pese a las restricciones diplomáticas, y el llamado “Delcygate” en España, en 2020.

En 2018 fue sancionada por Estados Unidos y luego por la Unión Europea, junto a otros altos funcionarios del chavismo, bajo acusaciones de violaciones a los derechos humanos y deterioro institucional. Desde entonces, Rodríguez rechazó públicamente esas medidas y endureció su discurso contra la política exterior estadounidense.

Con Maduro detenido y un proceso de transición en marcha, Rodríguez enfrenta ahora el desafío más exigente de su trayectoria: sostener el equilibrio interno del poder, administrar la presión externa y definir hasta dónde llega su margen real de acción en una Venezuela atravesada por una crisis política, económica y social sin precedentes.

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