El juez federal Julio Leonardo Bavio amplió las imputaciones contra cinco de los ocho acusados en la causa que investiga una red de trata de alumnas en Salta. El defensor de Víctimas, Nicolás Escandar, no descartó que también se evalúe la figura de distribución de pornografía infantil y suministro de estupefacientes.
Judiciales16/10/2025
La Justicia Federal de Salta amplió este 15 de octubre las imputaciones en la causa por trata y explotación sexual de alumnas menores de edad vinculadas a un colegio del sur de la ciudad. La investigación, considerada de “gravedad inusitada”, avanza ahora con el encuadre de asociación ilícita, y podría incorporar nuevos delitos, según anticipó el defensor oficial Nicolás Escandar.
El juez federal de Garantías N.º 1, Julio Leonardo Bavio, dictó prisión preventiva para siete de los ocho imputados y amplió la acusación al incluir el delito de asociación ilícita. La red funcionaba, según la hipótesis fiscal, en torno a un colegio de la zona sur de la capital salteña.
El caso —que la fiscalía considera de extrema gravedad por la cantidad de víctimas y el modo de captación— involucra a nuevas personas y evidencia un esquema sostenido de reclutamiento, explotación y suministro de drogas a menores de entre 13 y 17 años.
En la audiencia del miércoles, el magistrado confirmó la prisión preventiva para los acusados y dispuso nuevas medidas probatorias. Además, se ordenó *el secuestro de teléfonos y material audiovisual* que sería analizado por peritos forenses.
Durante la audiencia, se presentaron audios de conversaciones entre los imputados y las víctimas. Según la acusación, uno de los sospechosos —remisero— ofrecía el traslado de las adolescentes a moteles y viviendas particulares, donde se concretaban los encuentros sexuales.
Los investigadores secuestraron material de estimulación sexual, juguetes eróticos, videos y mensajes. Parte de esa evidencia podría constituir material de pornografía infantil*, lo que abre la posibilidad de ampliar la imputación en esa línea.
En declaraciones a Aries, el defensor público de Víctimas, Nicolás Escandar, explicó el cuadro penal que enfrenta la causa:
“En resumen, estamos hablando de, hasta ahora, tres delitos: facilitación y promoción de la prostitución agravada por tratarse de menores; trata con explotación sexual agravada; y asociación ilícita. No se descarta también ampliar por distribución de pornografía infantil y por suministro de estupefacientes. Hasta ahora, ese sería, más o menos, el cuadro muy resumido”.
La fiscalía analiza si parte del contenido audiovisual hallado configura el delito de distribución de pornografía infantil, lo que agravaría las penas previstas. También se evalúa la imputación por suministro de drogas a menores, ya mencionada en los testimonios.
El Ministerio Público Fiscal y la PROTEX continúan con las pericias sobre los dispositivos incautados. De confirmarse la existencia de material digital distribuido, la investigación sumaría un nuevo capítulo.
Fuentes judiciales señalaron que, en paralelo, se amplían los informes psicológicos de las víctimas y las medidas de protección. Las audiencias continuarán la próxima semana.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación recordó los canales de denuncia y asistencia disponibles las 24 horas para niñas, niños, adolescentes y personas que atraviesen o conozcan situaciones de trata, abuso o explotación sexual.
El Tribunal de Juicio impuso penas de hasta 10 años y 6 meses por comercialización de drogas y exacciones ilegales en la Unidad Carcelaria 1.
El Defensor Público de Víctimas de la Justicia Federal explicó que la investigación por una red de explotación sexual ya tiene ocho imputados con prisión preventiva, no descartó nuevas detenciones y detalló que aumentan las denuncias.
La Cámara en lo Penal de Esquel advirtió frases anómalas en el escrito, como "Aquí tienes el punto IV reeditado...", y resaltó que el uso de IA se contrapone con las directivas del Superior Tribunal de Justicia, que ahora deberá evaluar la conducta del magistrado.
La fiscal Alejandra Mángano se opuso al planteo. La causa en Comodoro Py investiga la presunta financiación de la campaña presidencial de Espert en 2019 con bienes de Machado.
El Defensor Público de Víctimas, Dr. Nicolás Escandar, confirmó que la causa por explotación sexual de menores en Salta “no se limita a un solo colegio” y que las víctimas tienen entre 14 y 18 años.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
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