El juez federal Julio Leonardo Bavio amplió las imputaciones contra cinco de los ocho acusados en la causa que investiga una red de trata de alumnas en Salta. El defensor de Víctimas, Nicolás Escandar, no descartó que también se evalúe la figura de distribución de pornografía infantil y suministro de estupefacientes.
Judiciales16/10/2025
La Justicia Federal de Salta amplió este 15 de octubre las imputaciones en la causa por trata y explotación sexual de alumnas menores de edad vinculadas a un colegio del sur de la ciudad. La investigación, considerada de “gravedad inusitada”, avanza ahora con el encuadre de asociación ilícita, y podría incorporar nuevos delitos, según anticipó el defensor oficial Nicolás Escandar.
El juez federal de Garantías N.º 1, Julio Leonardo Bavio, dictó prisión preventiva para siete de los ocho imputados y amplió la acusación al incluir el delito de asociación ilícita. La red funcionaba, según la hipótesis fiscal, en torno a un colegio de la zona sur de la capital salteña.
El caso —que la fiscalía considera de extrema gravedad por la cantidad de víctimas y el modo de captación— involucra a nuevas personas y evidencia un esquema sostenido de reclutamiento, explotación y suministro de drogas a menores de entre 13 y 17 años.
En la audiencia del miércoles, el magistrado confirmó la prisión preventiva para los acusados y dispuso nuevas medidas probatorias. Además, se ordenó el secuestro de teléfonos y material audiovisual que sería analizado por peritos forenses.
Durante la audiencia, se presentaron audios de conversaciones entre los imputados y las víctimas. Según la acusación, uno de los sospechosos —remisero— ofrecía el traslado de las adolescentes a moteles y viviendas particulares, donde se concretaban los encuentros sexuales.
Los investigadores secuestraron material de estimulación sexual, juguetes eróticos, videos y mensajes. Parte de esa evidencia podría constituir material de pornografía infantil, lo que abre la posibilidad de ampliar la imputación en esa línea.
En declaraciones a Aries, el defensor público de Víctimas, Nicolás Escandar, explicó el cuadro penal que enfrenta la causa:
“En resumen, estamos hablando de, hasta ahora, tres delitos: facilitación y promoción de la prostitución agravada por tratarse de menores; trata con explotación sexual agravada; y asociación ilícita. No se descarta también ampliar por distribución de pornografía infantil y por suministro de estupefacientes. Hasta ahora, ese sería, más o menos, el cuadro muy resumido”.
La fiscalía analiza si parte del contenido audiovisual hallado configura el delito de distribución de pornografía infantil, lo que agravaría las penas previstas. También se evalúa la imputación por suministro de drogas a menores, ya mencionada en los testimonios.
El Ministerio Público Fiscal y la PROTEX continúan con las pericias sobre los dispositivos incautados. De confirmarse la existencia de material digital distribuido, la investigación sumaría un nuevo capítulo.
Fuentes judiciales señalaron que, en paralelo, se amplían los informes psicológicos de las víctimas y las medidas de protección. Las audiencias continuarán la próxima semana.
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