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Señalan que la desclasificación de archivos que dispuso el presidente Javier Milei tiene como objetivo "garantizar impunidad" a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.
Política25/03/2025
Tras el anuncio del gobierno de Javier Milei sobre desclasificación de toda la información en manos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) sobre el accionar de las fuerzas armadas durante la última dictadura cívico-militar, organismos y referentes de los Derechos Humanos manifestaron su escepticismo sobre los documentos en cuestión. Mientras que algunos señalaron que se trata de "pura demagogia" por parte de la gestión libertaria otros advirtieron que buscan "la impunidad de los genocidas" volviendo a instalar la teoría de los dos demonios.
También manifestaron que parte de esos documentos ya fueron desclasificados en 2010 por decisión de la expresidenta Cristina Kirchner y cuestionaron que el actual Gobierno limitó el acceso a la información de todo material relacionado con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el golpe militar.
"El Presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las fuerzas armadas durante el período de 1976 y 1983. Así como toda otra documentación producida en otro período, pero relacionada con el accionar de las fuerzas", sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de un mensaje grabado que se difundió a las 11 de este lunes.
"Esto implica el traspaso absolutamente de estos archivos en manos de la SIDE a la órbita del Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos", agregó.
En los años de democracia se había informado en distintas oportunidades que la SIDE no tenía documentos relacionados a ese periodo. Sin embargo, cuando la abogada y exfiscal Cristina Caamaño intervino el área (antes de Milei llamada Agencia Federal de Inteligencia) a partir de 2019 demostró que la afirmación era falsa y reveló que si había material que podría ser clave para los juicios por la verdad. Ante esa situación decidió crear en 2021 una mesa de organismos para trabajar en base a las pruebas.
Dicha mesa fue discontinuada por el gobierno de Milei bajo los argumentos de que "la tarea estaba completada". Sin embargo los documentos nunca fueron accesibles ni se conocen los inventarios de lo que hay.
"La desclasificación ya está dada desde mi gestión por orden de Alberto Fernández y estaba todo a disposición de quien lo pidiera. Lo que pasa es que ahora no entregan más información, no cumplen y salen a decir que desclasifican ellos. Nosotros, además, habíamos hecho un convenio con la Casa de la Moneda para digitalizar todo el material de la última dictadura. Ellos cerraron la Casa de la Moneda. Todo el anuncio de hoy es puro humo", expresó Caamaño a C5N.
Consultados por este medio, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) expresaron que antes de brindar declaraciones prefieren esperar al decreto con la medida del Gobierno para ver cuáles son los archivos y qué condiciones de acceso tienen. "Hay algunos documentos que ya han estado a disposición pero no se los permitía ver. Queremos esperar al decreto del Gobierno para ver de qué están hablando y comprobar que no haya sido material ya desclasificado", remarcaron.
Trabajadores del Espacio Memoria y Derechos Humanos, que funciona dentro del ex centro de tortura clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), indicaron que la desclasificación de archivos tiene como objetivo "garantizar impunidad" a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.
"Es pura demagogia la desclasificación. ¿Quién va a hacerla? Echaron a todo el personal especializado en ese tema y el Archivo Nacional de la Memoria ahora lo dirige Natalia Oriolo, experta en criptomonedas", reprocharon en comunicación con la Agencia Noticias Argentinas.
En la misma línea apuntó la abogada en distintas causas por delitos de lesa humanidad y referente del Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien en diálogo con C5N sostuvo que el Gobierno busca la "impunidad para los genocidas tratando de volver a una teoría de los dos demonios recargada".
"El Gobierno Nacional sale a hablar de la apertura de los archivos y la verdad que no podemos permitir que se confunda la utilización que pretenden hacer con nuestro reclamos de Verdad, Memoria y con la lucha que siempre hemos dado. Nosotros reclamamos la apertura de los archivos de la represión. Lo que queremos es saber el listado de los 30 mil detenidos desaparecidos, cuál es su destino. Queremos saber cuál es el destino de cada uno de los niños apropiados. Queremos el listado de todos los empresarios que llamaban a los centros clandestinos para ordenar que secuestren a sus trabajadores. Queremos los documentos que intercambiaron con la CIA y la embajada de Estados Unidos para organizar el Plan Cóndor", puntualizó.
Por su parte, el nieto recuperado número 75 y exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti dijo que no cree que el Gobierno desclasifique los documentos. "Sinceramente no sé por qué salen con eso. Estamos haciendo memoria en un día muy triste para muchas personas y salen con cosas del SIDE. No creo que revelen nada".
En tanto, el fiscal Félix Crous recordó que parte de esos archivos ya fueron desclasificados durante el gobierno de Cristina Kirchner que luego fue reforzado con intervención de Caamaño en la Side. "Es ´biri biri´del Gobierno. Es humo del más grande de todos los humos", completó.

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