
Su paradero es desconocido, lo que ha encendido las alertas sobre posibles violaciones a los derechos humanos y el debilitamiento del Estado de derecho en El Salvador.
La Fiscalía General de la República informó que logró que 8 pandilleros de la Mara Salvatrucha reciban condenas de hasta 460 años de cárcel por extorsionar a 24 víctimas.
El Mundo15/06/2024La Justicia de El Salvador condenó a un pandillero de la organización terrorista Mara Salvatrucha a 460 años de prisión por extorsión agravada y a 360 años a otro miembro de la banda. Otros integrantes recibieron condenas de entre 20 y 60 años de cárcel.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó en su cuenta de X que logró "que 8 pandilleros de la MS reciban condenas de hasta 460 años de cárcel por extorsionar a 24 víctimas".
"Con abundantes evidencias, la FGR demostró que los pandilleros exigían a los comerciantes, buseros (propietarios de buses de transporte público) y taxistas entre 40 y 100 dólares mensuales para dejarlos trabajar", explicó el comunicado.
Tras el inicio de la guerra contra las pandillas por parte del gobierno de Nayib Bukele, las extorsiones se redujeron drásticamente y según las autoridades actualmente casi desaparecieron. Antes de esto, las pandillas se nutrían del cobro de la extorsión y la venta y distribución de droga.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que mediante la extorsión "la industria del crimen" de las pandillas generaba anualmente entre 1.500 y 2.000 millones de dólares al año, pero en la actualidad las extorsiones "ni siquiera llegan al 5%" de ese monto.
El Congreso salvadoreño aprobó en julio de 2023, por pedido de Bukele, reformas que permiten realizar procesos penales masivos a pandilleros sin que sea necesario individualizar las responsabilidades de los acusados, además de aumentar de 45 a 60 años de cárcel las penas para los cabecillas de pandillas. Según cifras oficiales, durante el régimen de excepción se detuvo a más de 80.000 supuestos pandilleros.
Con información de C5N
Su paradero es desconocido, lo que ha encendido las alertas sobre posibles violaciones a los derechos humanos y el debilitamiento del Estado de derecho en El Salvador.
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