
La decisión de Casación ratificó la postura del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que había actualizado el monto del decomiso utilizando el índice de precios al consumidor (IPC) como criterio.
El debate se prolongará durante todo el día. Tras una primera jornada maratónica, el Gobierno vuelve a la carga para acercarse a su objetivo de emitir dictamen esta misma semana.
Política08/05/2024Pasadas las 10.20, los senadores integrantes de las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales se congregaron en el Salón Azul del Palacio Legislativo para escuchar al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y al secretario de Trabajo, Julio Cordero. Por la tarde, a partir de las 14, se espera el regreso del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para despejar dudas que existan sobre el proyecto de reforma impositiva.
El Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI), previsto en la Ley Bases, fue objeto de debate durante la jornada de ayer. Referentes de distintos sectores de la oposición objetaron la letra chica de este sistema. El radical Martín Lousteau (Capital) lo calificó de “hiper generoso” en los beneficios que otorga a quienes se acojan al régimen. Su correligionario Víctor Zimmermann (Chaco) planteó sus dudas sobre el criterio de selección de los proyectos que podrán acogerse al sistema y cuál será la participación de las provincias en el proceso de elección de las inversiones.
En tanto, la referente Pro, Guadalupe Tagliaferri (capital), tocó una fibra por demás sensible con la que rompió la alianza implícita entre su partido y La Libertad Avanza (LLA). La senadora que responde a Horacio Rodríguez Larreta señaló la contradicción constitucional del artículo 163, por el que declara “nulo de nulidad absoluta” toda norma provincial que se oponga al RIGI. Los cuestionamientos a este punto encontraron eco en casi todos los bloques.
Frente a esta discrepancia, José Rolandi admitió que podrían aceptar cambios. El vicejefe de Gabinete señaló que, de persistir la resistencia, y en la búsqueda de conseguir un mayor respaldo legislativo a la iniciativa el Gobierno, la Casa Rosada estaría dispuesta a modificar el polémico artículo. Este escenario devolvería el proyecto a Diputados y se postergaría el cronograma oficial. No obstante, Rolandi sorteó la afrenta y determinó que este punto sería aclarado hoy por el secretario de Energía.
El debate
El plenario comenzó con la exposición de Cordero, a través de la que detalló que los objetivos fundamentales de las iniciativas de Javier Milei van en dos sentidos: en la generación de empleo y en garantizar la seguridad jurídica. Con estos objetivos, destacó que se busca sancionar “una normativa de consenso” que siente las bases para “una Argentina pujante”.
Mariano Recalde (Capital), de Unión por la Patria, fue quien llevó la voz cantante de las críticas a la reforma laboral. En su intervención en el plenario de comisiones, puso el foco en la eliminación de las multas para penar el trabajo no registrado así como en los cambios en el proceso indemnizatorio. “Si quieren seguridad jurídica, estas normas no cumplen ese cometido. Les aseguro que va a aumentar la litigiosidad, el descontento social y las protestas”, aseveró.
Por su parte, Rodríguez Chirillo explicó en primer lugar los tres propósitos del Gobierno en materia energética, fundamentalmente en relación con el gas y la energía eléctrica. Indicó que en una primera etapa se buscará un “reacomodamiento tarifario” para luego transicionar de “un modelo que deja el autoabastecimiento interno y la soberanía energetica para pasar a ser un país exportador”. Por último, señaló que se apuntará a “cambiar el esquema de inversión pública por inversión privada”. Para ello, listó como herramientas fundamentales las reformas en la ley de hidrocarburos y con la implementación del RIGI.
El legislador de Unidad Federal, Edgardo Kueider (Entre Ríos), uno de los senadores que el oficialismo pretende seducir para sumar voluntades, le reclamó al secretario de Energía por el pasivo que mantiene el Gobierno con las represas de Salto Grande y Yacyreta. “Son prácticamente cinco meses de deuda, se hace imposible operar”, apuntó.
Como respuesta, Chirillo volvió sobre los tres objetivos mencionados en su disertación inicial y destacó: “Una vez lograda la autosuficiencia de la tarifa, que es la que va a mantener la recaudación, el objetivo es normalizar los mercados, que no tenían señales de precios porque el Estado era el que determinaba y planificaba todo”.
La Nación
La decisión de Casación ratificó la postura del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que había actualizado el monto del decomiso utilizando el índice de precios al consumidor (IPC) como criterio.
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