El Gobierno sintió el impacto de la marcha universitaria y reconoció “errores de comunicación”

Más allá de las públicas declaraciones de ocasión, el gobierno de Javier Milei acusó el golpe luego de la multitudinaria marcha universitaria de ayer en reclamo de mayor presupuesto para la educación pública, del que participaron estudiantes, agrupaciones políticas y gremiales.

“Fue masivo, es indiscutible. El reclamo existe, aunque no vamos a cerrar ni podemos cerrar las universidades públicas. Hoy festejan ellos”, reconocieron hoy en una Casa Rosada aún movilizada por el reclamo estudiantil en Plaza de Mayo, que se extendió además a distintas ciudades del interior del país. Esta postura se contradice con el mensaje presidencial de ayer, en el que relativizó la protesta e ironizó con una frase: “Lágrimas de zurdo”.

Ante la masividad del reclamo, afloran en el Gobierno dos posturas bien diferenciadas. Una, que incluye a varios de los referentes más cercanos al Presidente, es la de redoblar la apuesta e ir contra los “curros” que atribuyen al sector de la UCR que responde al liderazgo de Martín Lousteau en la universidad pública, a quien visibilizan como uno de los promotores de la manifestación. Por otro lado, los “moderados” apuntan a “errores de comunicación” en relación a las negociaciones con los rectores, y apuntan al “desgaste” de Alejandro Álvarez, secretario de Políticas Universitarias, bajo la órbita del secretario de Educación, Carlos Torrendel, en el Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello.

“No creo que haya malestar (con Torrendel y Álvarez), se sabía que la marcha iba a ser masiva”, afirmó una de las voces moderadas, pero igualmente cercanas a Milei, que reconoció que “se podría haber comunicado más y mejor lo que se estaba haciendo” en pos de resolver la negociación con las universidades.

Desde ese sector, sin embargo, marcaron notorias diferencias entre el secretario de Educación y Álvarez, a quien responsabilizan por el fracaso de las negociaciones. “En las reuniones Torrendel venía y ponía paños fríos. Después llegaba Álvarez y rompía todo lo que se había negociado”, señaló uno de los interlocutores de los funcionarios a la hora de revisar el presupuesto y las asignaciones a las casas de estudio. “No tuvo una buena negociación”, reconocieron fuentes del Gobierno en relación con Álvarez y su contacto con las autoridades universitarias.

Las universidades ven la necesidad de otro interlocutor para poder llegar a un acuerdo.

“Nosotros le hicimos una propuesta que ellos estuvieron de acuerdo, después “pasaron cosas”, pero no estamos lejos de cerrar el tema de los gastos de funcionamiento”, estimaron voces oficiales con conocimiento de lo negociado.

En el sector de los “duros”, sin embargo, no hay reconocimiento de errores, ni nada que reprocharle a Pettovello y sus colaboradores en materia educativa. “Si avanzamos en las auditorías, ponemos en debate los curros que existen, que todos saben que están, también será una ganancia para nosotros”, susurraron con tono amenazante voceros de ese sector, que propone ir contra el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, mano derecha de Lousteau, como manera de infringirles “un costo” a los dirigentes radicales, que se oponen frontalmente a la política del Gobierno.

El “contraataque” por medio de auditorías-que son potestad de la Auditoría General de la Nación por orden del Congreso y la Sigen- se daría “no ahora, sino en los próximos meses”, cuando baje la espuma de la manifestación contra la política educativa del Gobierno.

“La educación pública es parte de nuestro proyecto, por supuesto con algunos matices”, dijo el portavoz Manuel Adorni, en su conferencia de prensa diaria, aunque se mostró en contra “de que se haya intentado convencer de que vamos a cerrar la universidad pública, porque no es cierto”.

“Quieren meter miedo, pero no tenemos nada que esconder”, dijeron desde la conducción radical de la universidad, donde ven venir la andanada del Gobierno, tocado luego de las miles de personas que ayer se manifestaron en reclamo por el ajuste a las universidades públicas.

La Nación