El ex asesor de Bolsonaro Mauro Cid aceptó este mes cooperar con la Policía Federal, que investiga al ex presidente por posibles delitos, desde malversación de fondos hasta incitar a sus seguidores a los disturbios de enero en la capital, Brasilia.

Según los reportes, que no citaron sus fuentes, Cid dijo a la Policía que Bolsonaro sondeó a comandantes de las fuerzas armadas sobre un proyecto de decreto para anular las elecciones.

Los abogados de Cid y Bolsonaro no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre los informes. La Policía Federal dijo que no hace comentarios sobre investigaciones en curso.

El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes autorizó a principios de este mes el acuerdo de cooperación entre Cid y la Policía, y lo liberó de la cárcel, donde ha estado desde mayo, cuando fue arrestado como parte de una investigación sobre la presunta falsificación de las tarjetas de vacunación contra el COVID-19 de Bolsonaro.

Bolsonaro está acusado de fraguar un movimiento de negación de las elecciones que culminó con un asalto el 8 de enero a edificios gubernamentales en Brasilia por miles de sus partidarios. El tribunal electoral federal de Brasil ya le ha prohibido presentarse a las elecciones hasta 2030.

El Supremo hará juicios virtuales a los acusados por el intento de golpe

El Tribunal Supremo de Brasil informó que recurrirá a los juicios virtuales para acelerar los procesos de algunos de los cientos de acusados por el intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero.

La semana pasada la alta corte condenó a los tres primeros acusados a penas de entre 14 y 17 años de prisión, por delitos como golpe de Estado, abolición del Estado democrático de derecho y daños calificados, entre otros.

El primer juicio virtual, en el que los magistrados pueden votar de forma telemática, sin necesidad de leer su argumentación, se celebrará entre los próximos 26 de septiembre y el 2 de octubre, y se refiere a la causa de Moacir José dos Santos, uno de los acusados de participar en el asalto a la sede de los tres poderes.

El Supremo no ha decidido todavía si hará juicios virtuales o presenciales en el resto de procesos, en los que se dirime la responsabilidad individual de cada uno de los implicados en la asonada del 8 de enero.

La fiscalía ha presentado cargos penales contra 232 personas por su supuesta implicación directa en el ataque a las sedes de la Presidencia, del Congreso Nacional y del Tribunal Supremo.

En total, hay 1.390 imputados en la causa, aunque el Supremo ha autorizado a la fiscalía a negociar acuerdos de no persecución penal con los cerca de 1.100 implicados contra los que no hay pruebas de su participación directa en los ataques.

Infobae