El fiscal, junto con la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), concluyó hoy su alegato en el juicio oral en el que también pidió condena para otras seis personas, entre ellos dos secretarios judiciales del ex magistrado y un ex intendente.

Schaefer acusó a Soto Dávila de ser el jefe de una asociación ilícita, de ocho casos de cohecho pasivo agravado (haber cobrado coimas) y de nueve casos de prevaricato, que es dictar sentencias contrarias a derecho. Además de la pena de prisión, solicitó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 75 mil pesos. “La sociedad está reclamando justicia en los casos de narcotráfico. Nosotros le decimos al tribunal: es justicia o corrupción (NdA: la frase que había utilizado el fiscal Diego Luciani en el juicio por la obra pública a la vicepresidenta Cristina Kirchner). A eso le voy a agregar es justicia o es delincuencia, es justicia o narcocriminalidad, es justicia o narcotráfico para este país”, dijo Schaefer al cerrar su alegato junto con los fiscales Diego Iglesias y Martín Uriona ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

La fiscalía también pidió que sean condenados dos secretarios judiciales de Soto Dávila: Pablo Molina a 12 años de prisión y Federico Grau a nueve años y seis meses. Lo mismo para tres abogados: Duylio Horacio Barboza Galeano a ocho años de prisión de prisión, Gregorio Humberto Giménez a siete años y Alfredo Viglione a cinco años. Por último, dos años y cinco meses de prisión para Juan Manuel Faraone, ex intendente de la ciudad de Empedrado.

Según la acusación, los secretarios, los abogados y Faraone eran los intermediados entre Soto Dávila y los narcotraficantes para acordar el pago de las coimas y obtener resoluciones favorables. Los narcos no llegaron a juicio porque acordaron un proceso abreviado. Eso significa que reconocieron su responsabilidad en los hechos y fijaron una pena con la Fiscalía, lo que debe ser resuelto por el tribunal oral.

Entre esos están los abogados Jorge Ricardo Vallejos y Omar Serial y los narcos Federico “Morenita” Marín y Carlos “Cachito” Bareiro, ambos ya condenados por narcotráfico. Marín fue noticia a fines de febrero: se fugó de su prisión domiciliaria. Era testigo protegido y solicitó autorización para ir a un control médico pero no regresó.

Soto Dávila fue el titular del juzgado federal 1 de Corrientes durante 22 años. Se trata de un juzgado clave. No solo investiga las causas de crimen organizado, sino que era el magistrado electoral de la provincia. Tenía una orden de detención que no se podía cumplir por sus fueros como juez. En febrero de 2019 renunció como juez y fue internado por problemas de salud. Estuvo en prisión domiciliaria y hoy en libertad, como el resto de los acusados.

Se trata de la organización de la localidad de Itatí, en Corrientes, cuyo ex intendente Natividad Terán y otras personas fueron condenadas por darle protección al narcotráfico.

La prueba clave de la causa fueron escuchas telefónicas ordenadas por el propio Soto Dávila en los expedientes por narcotráfico. Allí se determinó cómo los narcos acordaban las coimas y hablaban de la protección que tenían del juez.

En una de esas escuchas de 2015 Terán le cuenta a una mujer que el juez había ordenado la detención de su hija. La mujer le responde: “Si..si seguramente lo van a tener uno o dos días y lo van a largar…y fíjate vos que Soto Dávila es el que hizo el procedimiento, pero porque le habrán presionado nomás, pero si ese es amigo de los muchachos, …..es que le habrán apurado de todos lados nomás”.

En otra escucha, Germán “Chavito” Barrios, condenado como parte de la banda de Marín, habla de su causa: “Si el abogado salta, si me cambian al otro juez, el otro juez no me va a dar pasar, me va a detener, pero si es Soto Dávila no pasa nada dice, a Soto Dávila le tira unos pesos y se arregla”.

Los fiscales señalaron que las fechas de las conversaciones coinciden con las fechas en las que Soto Dávila dictaba resoluciones a favor de los narcos. Al juez lo acusaron de ocho casos de coimas. Calcularon que se pagaron 25 millones de pesos de sobornos para 2015. “Soto davila tenía la llave para rechazar los acuerdos espurios”, dijo el fiscal Schaefer.

El juicio continúa con los alegatos de las defensas de los siete acusados.

Infobae