La decisión fue de la sala I del máximo tribunal penal federal del país que dispuso "declarar competente al juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2" de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Sebastián Ramos.

Casación coincidió con el en fallo unipersonal del camarista Eduardo Farah, que hizo lugar a un pedido de la defensa de uno de los imputados, el juez Pablo Yadarola, que había apelado la decisión del juzgado federal N°2 de CABA -a cargo de Sebastián Ramos- que no había solicitado la inhibición de su par de Bariloche. Ahora, finalmente la causa viajará de la Patagonia a Retiro.

Los jueces de Casación Daniel Petrone y Diego Barroetaveña explicaron que "comparten" el criterio del juez de la sala II de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah, quien sostuvo que la justicia de Bariloche debía inhibirse y enviar la investigación a Comodoro Py.

Petrone y Barroetaveña aceptaron además la "excusación" del tercer integrante de la sala, el juez Carlos Mahiques, para intervenir en el caso ya que es uno de los imputados en Bariloche por haber participado de ese viaje que se hizo en un avión privado junto a otros colegas del fuero.

La denuncia se había realizado tanto en sede de la Ciudad de Buenos Aires, como en Bariloche, contra diferentes funcionarios públicos (jueces federales, un ministro y un fiscal), entre otros, por haber aceptado determinados servicios de costo económico, ofrecidos por empresarios en razón de los cargos que ejercían.

El 1 de febrero pasado, Farah había resuelto que la investigación debía pasar a los tribunales federales de Retiro porque los imputados ejercen funciones en esta jurisdicción.

Farah sostuvo que en el caso tiene que intervenir el juez federal 2 de la ciudad de Buenos Aires Sebastián Ramos, al hacer lugar a un planteo de inhibitoria que presento otro de los jueces imputados, el penal económico de CABA Pablo Yaradola.

Con argumentos que ahora Casación sostuvo compartir, ratificó que a su juicio la investigación debe seguirse en Comodoro Py porque los implicados son "funcionarios públicos (jueces federales, un ministro y un fiscal), entre otros, por haber aceptado determinados servicios de costo económico, ofrecidos por empresarios en razón de los cargos que ejercían".

Se investiga además si "aquellos beneficios podrían haber estado vinculados a específicas intervenciones que tuvieron en casos puntuales ligados a los roles que poseen".

Para el camarista, los hechos denunciados sucedieron en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. "Las circunstancias que son dirimentes para la solución del tema tienen una nota en común: habrían acontecido en esta Ciudad de Buenos Aires y a los fines de determinar la competencia territorial (únicos que se analizan en la presente) deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios", agregó.

El juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Villanueva había rechazado la inhibitoria porque al menos por el momento, entendía que la causa debía tramitar en Bariloche, donde se impulsó la investigación, se fijó la plataforma fáctica y se dispusieron numerosas medidas de prueba, algo que no había ocurrido en los tribunales porteños a la hora de reclamar la causa.

El juez Villanueva aclaró en su fallo que todavía se desconoce si el viaje a Río Negro fue financiado por los imputados o por terceros, cuyas eventuales motivaciones tampoco estarían aún esclarecidas, explicaron fuentes del caso.

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