Usina de delitos: la jueza Servini pidió que el SPF informe sobre los celulares de los presos

La jueza federal María Servini pidió que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) informe, con urgencia, sobre la cantidad de celulares secuestrados en poder los presos detenidos en los distintos penales del país que están bajo su competencia, que identifique a los internos que tenían en su poder esos dispositivos y que indique si alguno de ellos fue sancionado.

El uso de teléfonos celulares fue aprobado excepcionalmente en los primeros meses posteriores al estallido de la pandemia de Covid-19, con la intención de permitir a los reclusos mantener la comunicación con sus familiares sin tener contacto físico, metodología con la que se buscaba evitar contagios masivos de coronavirus intramuros, que podían tener efectos devastadores tanto entre la población carcelaria como entre los agentes penitenciarios.

No obstante, no todas las jurisdicciones lo permitieron. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, los reclusos pueden tener celulares, pero tienen prohibido acceder a redes sociales. Los equipos y sus líneas deben ser registrados y solo pueden usarse para hacer llamadas. En cambio, en las cárceles federales y en los penales porteños que dependen del SPF la simple tenencia de teléfonos móviles está prohibida. Eso no impidió que, prácticamente cada vez que se hace una requisa seria (en general, las que son ordenadas por la Justicia) le encuentren uno a algún preso, sobre todo, a aquellos que eran cuadros superiores de las bandas de narcotraficantes.

La solicitud de la jueza Servini fue presentada hace una semana, después de que se conoció un informe elaborado por el Ministerio Público de Rosario que indicó que el 80% de las balaceras registradas en esa ciudad habían sido ordenadas mediante celulares que estaban en poder de algún detenido en las cárceles de Santa Fe. En ese informe también se reveló que los principales jefes de las bandas de narcotraficantes detenidos en los penales del SPF continuaban al mando de las organizaciones criminales e impartían órdenes a través de celulares, desde los penales en los que estaban alojados.

“Solicito que se envíe la información que al pie se detalla, en carácter de MUY URGENTE, de acuerdo a lo oficiado por el juzgado interviniente: listado de secuestro de telefonía celular a internos desde enero del año 2020 hasta el día de la fecha, debiendo detallar nombre del interno imputado, fecha del hallazgo y número de expediente por el cual corren las actuaciones”, se indicó en el pedido de informes que forma parte de la investigación por el expediente 3391/21, en la que se investiga el supuesto tráfico de drogas en el penal de Villa Devoto.

En el informe de elaborado por los fiscales de Rosario se indicó, además, que siete de cada diez homicidios ocurrido en dicha jurisdicción durante 2022 tuvieron un instigador que estaba detenido en una cárcel provincial o federal y que ordenó el asesinato mediante un teléfono celular.

A este reclamo se sumó un informe elaborado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación sobre 19 casos que se investigaron en distintos penales del país, que se denominó “Narcocriminalidad en las cárceles”, en el que se expuso la necesidad de que el Poder Ejecutivo tome medidas para que los capos narco dejen de mandar órdenes a través de celulares propios o compartidos con otros internos del mismo pabellón.

El informe fue presentado en septiembre de 2021 ante autoridades del SPF y, al mes siguiente, en el Ministerio de Justicia de la Nación. A pesar de la gravedad de los hechos denunciados, los responsables no aplicaron ninguna medida.

Según consta en los documentos a los que accedió LA NACION, la primera resolución para controlar el uso de celulares en las cárceles federales, que dependen del SPF, se aplicó hace diez días y coincidió con los allanamientos en los penales de Rawson, Marcos Paz y Ezeiza, relacionados con la investigación por el homicidio del cantante de cumbia Lorenzo Altamirano, ocurrido en febrero pasado frente al estadio de Newell’s, en Rosario.

En uno de los 19 hechos expuestos por los fiscales en el informe de 2021 se hizo referencia a la investigación de una banda dedicada a la venta de drogas en el barrio de Empalme Graneros, de Rosario, donde fue asesinado Máximo Gerez, de 12 años, hecho que derivó en una pueblada de habitantes de esa zona –mayoritariamente, de la comunidad qom– y en el envío de tropas federales para apaciguar los ánimos y reforzar con presencia uniformada la prevención del delito violento.

Hace una semana, durante una requisa realizada en el Pabellón 2 del penal de Villa Devoto, fueron secuestrados diez celulares, en un recinto en el que se alojan 25 internos. Uno de los presos detenidos en ese pabellón fue identificado como Diego Jure, integrante de una banda de narcotraficantes a la que le secuestraron 100 kilos de cocaína que estaban por ingresar en un depósito de Rosario.

Mientras que el lunes, durante una inspección realizada en el Pabellón 5 del penal de Villa Devoto, fueron secuestrados 19 celulares y veinte tarjetas SIM de telefonía. A pesar de estos secuestros y de otros procedimientos en los que se hallaron teléfonos, ningún preso fue sancionado en lo que va de este año. Además, del tráfico de celulares, también, en el mencionado expediente 3391/21, se investiga el supuesto tráfico de cocaína y marihuana que fue encontrado en poder de algunos presos.

La Nación