Pietragalla Corti explicó que presentó la denuncia ante la Justicia "en cumplimiento del deber indeclinable de realizar acciones concretas y efectivas a fin de garantizar la vigencia de la Constitución Nacional, la defensa irrestricta de la democracia, de asegurar el Nunca más' y hacer realidad los postulados de Memoria, Verdad y Justicia".

"A casi 40 años de la vuelta de la democracia, y luego de más de 20 años de reiniciados los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, este tipo de acciones, que buscan desestabilizar la democracia, no pueden ser tolerados", afirmó la Secretaría en un comunicado.

Además, destacó que "el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos son la columna vertebral de la construcción democrática".

Según informó ese organismo, se solicitó a la Justifica federal que investigue a Rico "ante la posible comisión del delito de amenaza pública e idónea contra las autoridades democráticamente electas", que se encuentran tipificadas en el artículo 226 bis del Código Penal.

En los argumentos de la denuncia, se sostiene que se debe considerar que el exteniente coronel del Ejército "tiene contactos políticos, militares y policiales y experiencia previa en la organización y ejecución de dos levantamientos militares" contra el sistema democrático, y se recuerdan los alzamientos carapintadas de 1987 y 1988 contra el gobierno del expresidente Raúl Alfonsín.

En un video difundido ayer por redes sociales, Rico convocó a militares en lo que consideró "una llamada de reunión antes de las crisis y antes de la batalla, como se estila en nuestras Fuerzas Armadas". "Camaradas, cuando la Patria está en peligro todo es lícito, menos dejarla desaparecer", expresó el exmilitar, y pronosticó que "las circunstancias de violencia se van a profundizar".

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) repudió a Aldo Rico por su convocatoria pública a militares con el fin de organizarse en "contra de la democracia", y consideró que "es imposible separar" sus dichos del levantamiento de Semana Santa de 1987 en contra el gobierno de Raúl Alfonsín.

"Es imposible separar sus declaraciones de lo que sucedió en Semana Santa de 1987, cuando encabezó un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Alfonsín, que derivó en la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final", expresó el CELS en su cuenta oficial de la red social Twitter.

De esta manera, el organismo consideró los dichos del excarapintada como "amenazas" que "reivindican atentados contra la democracia y el orden constitucional", y advirtió por "las consecuencias" que este tipo de acciones tienen "para la vigencia de los derechos humanos".

El CELS recordó el video en el que el excoronel "con un discurso revisionista propio de la dictadura", convocó a oficiales retirados a "defender la Patria" como ocurrió en "la lucha contra la subversión".

Rico difundió en un video que dio a conocer en redes sociales un mensaje en el que convocó a militares en lo que consideró "una llamada de reunión antes de las crisis y antes de la batalla, como se estila en nuestras Fuerzas Armadas".

"Camaradas, cuando la Patria está en peligro todo es lícito, menos dejarla desaparecer", señaló el exmilitar y pronosticó que "las circunstancias de violencia se van a profundizar".