La superpoblación carcelaria es “competencia del Poder Ejecutivo provincial, no de los jueces”

La presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Salta, Virginia Solórzano, explicó por Aries que el comunicado que emitieron “no fue una contestación a la emergencia carcelaria que se va a disponer por parte del Ministerio de Seguridad y de Derechos Humanos y Justicia”.

Aclaró que el documento fue en respuesta a una nota periodística publicada a partir del informe del Comité para la Prevención de la Tortura “en la que se destaca que el problema de la superpoblación está dando en las demoras en los procesos y en la cantidad de prisiones preventivas que se disponen”.

Y es que, de acuerdo con lo que indicó Solórzano, tanto la seguridad como las condiciones de detención “son competencia del Poder Ejecutivo provincial, no de los jueces”.

Remarcó que la superpoblación “tiene más de seis, siete años en los que hubo una falta de inversión”. Alcaidía de Distrito Centro, por ejemplo, tiene unas 800 personas detenidas, cuando su capacidad no supera las 350 personas, por lo que el problema del hacinamiento tiene que ver con la falta de espacios, dijo.

En este punto, se refirió a lo que considera una paradoja. “Si disponemos la libertad se acusa una puerta giratoria, si se los deja detenidos somos responsables de la superpoblación”, acusó en Pasaron Cosas, reiterando que el lugar de detención como las condiciones de la misma son responsabilidad del Ejecutivo, al igual que los malos tratos denunciados en comisarías.

Señaló que hace una semana se reunieron con el gobernador Sáenz para dialogar respecto a reformas procesales para agilizar las causas. “Tenemos la mirada de todos los operadores de la justicia y la respuesta que podemos dar es muy importante”, enfatizó.

Además, subrayó: “Celebramos la declaración de la emergencia carcelaria porque entendemos que va a venir acompañada de los recursos y no va a ser simplemente declamativa”.