Se puso en funciones a las autoridades que integran el Comité Provincia para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, creado en el 2017 mediante la ley 8024. Estará ubicado en Santiago del Estero 2091, segundo piso.

Fue en un acto encabezado por el vicegobernador, Antonio Marocco y el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, quien, en la oportunidad indicó que, “Salta ha sido pionera en la creación del Sistema Provincial para la Prevención de la Tortura en 2017, acorde a las disposiciones nacionales e internacionales. Actualmente, somos la octava provincia que cuenta con este órgano que busca la plena vigencia de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”.

Por su parte, Marocco dijo que, “trabajamos para evitar que en la provincia de Salta ocurra, ni la más mínima, violación a cualquier derecho humano de cualquier ciudadano, no solamente de aquellos privados de la libertad”, indicó el funcionario a la vez que instó a las diversas carteras del Gobierno a “continuar trabajando de manera conjunta y con las puertas abiertas para facilitar la tarea del Comité”.

Integran el Comité, Cristina Cobos y Rodrigo Solá, en representación de las organizaciones sociales, Ramón Corregidor por la Cámara de Diputados, y Marcelo Robles por la Cámara de Senadores.

 Tareas del Comité

El comité tendrá como principal tarea, según lo estipula la ley, fortalecer el monitoreo de los lugares de detención y la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad, haciendo recomendaciones a las autoridades provinciales, magistrados y funcionarios judiciales para la adopción de medidas especiales urgentes, para el cese de cualquier maltrato que pudiese surgir en las instituciones de reclusión, y su investigación inmediata para la protección de la víctima. También, se trabajará también en la elaboración de protocolos de actuación en base a la inspección de los establecimientos de detención.

El organismo deberá  trabajar de manera coordinada, complementaria y en cooperación con entidades públicas, estableciendo instancias de diálogo permanente. Tendrá independencia funcional y autónoma y un presupuesto propio para su pleno funcionamiento en la provincia. Los cinco miembros, elegidos por concurso público de antecedentes y oposición, durarán en sus cargos cuatro años pudiendo ser reelectos una sola vez.

El Sistema Provincial, además del Comité está compuesto también por un Consejo Consultivo, que actuará como órgano interministerial e interinstitucional de consulta y asesoramiento. Estará integrado por representantes del Poder Judicial, el Ministerio Publico, la Cámara de Diputados, el Senado, el Ejecutivo Provincial, el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta y la Universidad Nacional de Salta (UNSa) que colaborarán en el diseño, implementación y monitoreo  de recomendaciones generales o específicas de prevención de la tortura. Su participación será ad honorem.

Participaron en el acto, el secretario de Gobierno, Rodrigo Monzo, la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes; el secretario de Justicia y Métodos Alternativos, Diego Pérez; el coordinador general del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Javier Solá, el vicepresidente de la Corte de Justicia, Fabián Vittar, el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, el procurador de la Provincia, Pedro García Castiella, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Carlos Ampuero, la coordinadora de la Secretaría General, Verónica Martín, el representante del IPPIS, Fausto Peloc, representantes de la Universidad Nacional de Salta, del Colegio de Gobierno del Ministerio Publico, y del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta.