Opinión 14/01/2022

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Los esfuerzos del gobernador Gustavo Sáenz por transmitir buenas noticias se diluyen en una situación social compleja. Es así que en el cierre de su primera semana de trabajo tras un breve período de vacaciones debe reconocer que no tiene respuestas a las urgencias cotidianas del ciudadano común.

El mandatario está recorriendo obras públicas en marcha y la falta de presupuesto nacional para 2022 no mengua su entusiasmo. Muchos anuncios fueron realizados luego de acuerdos con el gobierno de Alberto Fernández y Sáenz va a demandarlas ministerio por ministerio, para que se cumplan los compromisos asumidos. Destacó que la mayoría de las obras están iniciadas, mientras otras están en proceso de licitación.

Pero en buena parte de la Provincia se esperan soluciones a la falta de agua. Para ese reclamo incesante, su gobierno anunció un plan de 135 obras que se desarrollará este año y en el que se invertirán casi 4.500 millones de pesos. Esos recursos provendrán del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y partidas del Presupuesto Provincial. Si bien es un anuncio importante, repite compromisos de gestiones anteriores que nunca se cumplieron y la realidad es que miles de usuarios del servicio deben recoger agua provista desde camiones disponibles a tal fin.

También anunció el pago de un bono a los empleados públicos. Son casi 70 mil trabajadores que se verán beneficiados con 20 mil pesos, que se abonarán en dos cuotas. A propósito de esta decisión, el Gobernador subrayó la buena salud de las finanzas provinciales por el manejo equilibrado de las cuentas y ratificó su propósito de sostener una política salarial que asegure que los sueldos superen la inflación. Es lo que ocurrió en 2021, según se repitió desde el Ministerio de Economía acompañando a Sáenz en esa aseveración, por un aumento del 51%. 

Lamentablemente, el comportamiento de la inflación argentina el pasado año le quitó lustre a ese incremento. Respecto del 29% previsto en el presupuesto que el ministro Martín Guzmán logró del Congreso para 2021, fue un porcentaje importante pero como la realidad desmiente siempre a los cálculos de los gobernantes, la diferencia quedó reducida a un décimo de un punto. La inflación anual fue de 50,9%; esto es, 0,1% a favor de los sueldos de los trabajadores públicos salteños.

Los gremios estatales no recibieron con entusiasmo el bono. No lo rechazan pero ya que llegó tarde, al menos debiera haber venido con fecha de reapertura de las paritarias, es lo que dijeron sus dirigentes. No solo tienen en cuenta que el tiempo les juega siempre en contra porque la inflación se mueve muy rápido, sino que la canasta de productos y servicios que se tiene en cuenta para el cálculo no refleja el consumo de este sector laboral. Mejor lo hace la canasta de alimentos que creció muy por encima de índice de precios que estima el INDEC. En diciembre, por ejemplo, mientras la inflación fue del 3,8%, el registro de crecimiento de precios de Alimentos y Bebidas fue del 4,3%.

A la disconformidad sindical se suma la inquietud de los intendentes. El Gobernador debe preparar una respuesta  al seguro pedido de asistencia para pagar un bono a los trabajadores municipales.

Otro dato no menos preocupante es que las tarifas de servicios públicos se están revisando y en Salta ya se dispusieron aumentos para energía y agua y en los próximos días se conocerá el ajuste del precio del boleto del transporte urbano. Ayer se realizó la audiencia pública, que fue solo una formalidad. AMT ya anunció que en una semana más es posible que se fije en $45 su valor.

Y la primera semana cierra mal porque desde el sector de Docentes Autoconvocados ya se advirtió que si hasta el 2 de marzo no hay paritarias, no hay inicio de clases.

Peor no sirve.

Salta, 14 de enero de 2022

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