Por Aries, uno de los abogados querellantes, Mauricio Arriagada, aseguró que hay auditorías que demuestran que los altos mandos de la fuerza nacional disponían de 63 millones de pesos para arreglar los vehículos, pero las facturas no llegan ni a justificar 300 mil pesos.

Entre los fondos rendidos por las autoridades responsables, no se especifica ni siquiera si se destinó algún presupuesto para la reparación del colectivo en el que fallecieron los 43 Gendarmes en el sur de Salta.

Arriagada también lamentó que el Juez de Instrucción haya decisión no investigar sobre el tema ahora denunciado, cuando había una auditoría contable realizada desde 2007 a 2015 que concluyó que era necesario investigar la asociación ilícita por “indicios vehementes”.

Consideró que la responsabilidad es plena de los jefes de Gendarmería, arrancando por los cuatro que actualmente están procesados pero también de otros a nivel nacional.