En la reanudación de sus actividades, la Comisión de Organismos de Control de la Convención Constituyente analizó estos miércoles los proyectos de reforma del artículo 169 de la Constitución Provincial, sobre la composición de la Auditoría General y el método de designación de sus miembros, presentados por los distintos bloques políticos.

Una de las iniciativas fue expuesta por Cristina Garros Martínez y propone que la Auditoría se integre por 5 o 7 miembros, profesionales contadores, abogados e ingenieros informáticos, cuya selección esté en manos de una comisión de la Cámara de Diputados integrada por 7 miembros, 5 de los cuales deberán pertenecer al sector político que no hayan adherido a la candidatura del gobernador. La designación se hará con acuerdo del Senado, por un periodo de 5 años y sin posibilidad de reelección. El proyecto los firman Villegas, Gramaglia y Geréz.

Jorge Yampotis, propuso que la auditoría se integre con 5 miembros; 3 contadores y 2 abogados; con ejercicio rotativo de la presidencia; selección a través de un concurso público realizado por un tribunal ad hoc de 7 miembros; con duración de 5 años y sin posibilidad de reelección.

El convencional Mónico propuso que, respetando la paridad de géneros, la Auditoría tenga 5 miembros designados por los dos tercios de la Asamblea Legislativa, previo concurso público de antecedentes y oposición a cargo de un jurado técnico de 5 profesionales. El acuerdo será por 6 años sin posibilidad de reelección. El proyecto lo suscriben, Fara, Martinelli; Bruna; Canchi; Nerón, Ustarez; Moyano y Escudero.

Julio Moreno anunció la presentación de un proyecto que fija en 5 el número de auditores; 2 contadores, 2 abogados y 1 ingeniero informático; elegidos por concurso público y con acuerdo dado por los dos tercios de la Asamblea Legislativa, por un periodo de 5 años y sin reelección. Como alternativa propuso la contratación de auditorías privadas a nivel internacional.

Rubén Zarzuri del FIT objetó la participación de abogados en la Auditoría, por no ser una carrera pública en Salta. Dijo que la misma debe tener 7 integrantes; 4 de ellos elegidos por los legisladores, correspondiendo 2 a la primera minoría de oposición; 1 a la segunda minoría de oposición y el restante al oficialismo; más otros 3 distribuidos, uno para la UNSa, uno para la red de Defensa de los Derechos Humanos de Salta y uno elegido por trabajadores de la propia Auditoría. El mandato propuesto es de 4 años, con posibilidad de una reelección y un sueldo igual al de director de escuela con 10 años de antigüedad.

Baltasar Lara Gros propuso que la auditoría tenga 5 miembros, tres contadores, un abogado y un ingeniero en informática, seleccionados por una comisión de la Cámara de Diputados, facultada para la instrumentación de un concurso público y con acuerdo del Senado. La duración es de 4 años, comenzando la gestión de los auditores con la del gobernador, con posibilidad de una única reelección, siendo la mayoría para la oposición y con proporcionalidad de género en la distribución. El proyecto lleva también la firma de la convencional Silvina Vargas.

Finalmente, Lazarte fundamentó la propuesta de una auditoría integrada por 5 o 7 miembros, entre abogados y contadores; seleccionados por una comisión permanente de la Cámara de Diputados y designados por el Senado, previa audiencia pública, con mandato por 9 años y sin posibilidad de reelección. El proyecto lleva las firmas de Soto, Hugo Rodríguez; Vega y Orella.

Del encuentro participaron por la comisión, Marcelo Lazarte; Julio Moreno; Javier Mónico; José Yampotis; Carlos Orella; Tito Villegas; Cristina Garros; Yolanda Vega; Laura Moyano; Diego Ontiveros y Baltasar Lara Gros; además de otros convencionales, quienes acordaron que la próxima semana sea el turno para avanzar con los dictámenes.