Pocos ignoran la existencia de esa relación porque, lamentablemente, se manifiesta en casos ampliamente difundidos en el país y que nunca terminaron como correspondía. Un ex presidente murió resguardado por sus fueros de Senador de la Nación pese a las condenas por contrabando de armas a Croacia y Ecuador y por el pago de  sobresueldos. La morosidad judicial dejó en trámite la venta de un predio de Palermo a la Sociedad Rural y la causa por la explosión de Río Tercero.

Por estos días, una buena parte  de la sociedad está conmovida por la actuación de la Justicia en las causas que acumuló Cristina Fernández durante sus dos presidencias. Este año logró tres sobreseimientos sin llegar a juicio y seguramente concentrará sus esfuerzos para que en los últimos años con fuero, suceda lo mismo  con el caso de los llamados cuadernos de las coimas, en que la ex presidenta y otras 52 personas son acusadas de recibir sobornos, pago de sobornos o ambos en contratos de obras públicas entre 2003 y 2015, por un monto que se estima en 160 millones de dólares.

No es un problema fronteras para adentro. El último informe del Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden, que evaluó el estado de los derechos humanos en el mundo, contiene una crítica evaluación de la justicia en Argentina y denuncia que los funcionarios participaron en prácticas corruptas con impunidad. No es un dato menor porque son las señales que siguen los inversores, a los que no se les pasa la afirmación de que "instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavan los intentos sistemáticos de frenar este problema”.

Salta no es la excepción; al contrario, concurre a dar fuerza a esta acusación. Un sistema de control público ineficaz, cierra con una Justicia tachada de morosa, ineficiente, timorata y –porqué no- cómplice. Ante los ojos de toda la población tiene paralizados la mayor parte de casi una decena de  expedientes penales contra el ex gobernador Juan Carlos Romero, por maniobras inmobiliarias a través de la Gobernación y a favor de empresas de su familia. 

El caso emblemático es el de La Ciénaga, en la que se investiga la venta irregular y a precio vil de una finca de 90 hectáreas, que la Provincia adquirió para destinar a planes de viviendas sociales. Vale repasar el trámite de la adquisición en 1998, realizada por el Ejecutivo -ejercido entonces por el actual senador nacional-, a través del decreto 1297, como parte de pago de la firma Import S.R.L. con el ex Banco Provincial, por $1.100.000 en paridad con el dólar. Entre 2004 y 2009, con un nuevo tipo de cambio, el inmueble se revalorizó y fue vendido en tres oportunidades hasta desembocar en la compañía El Carmen S.A., que presidía su hijo y actual diputado provincial Juan Esteban Romero, por la módica suma de $100.000. 

De esta causa, iniciada en 2010 contra NN por Peculado y abierta a instancias del Fiscal Penal 9, Rodrigo González Miralpeix en 2014, contra 11 imputados además de Romero, padre e hijo, acusados por fraude a la administración pública, negociación incompatible con el ejercicio de funciones públicas en concurso ideal. Entre ellos figuran empinados funcionarios del gobierno como Víctor Manuel Brizuela, quien fuera Escribano General de la Provincia y Ministro de Gobierno. A once años que irrumpiera la denuncia pública realizada por dirigentes políticos y periodistas, el caso atravesó distintas instancias, incluso la vuelta a fojas cero, cuando el Tribunal de Impugnación, integrado por los jueces Héctor Poliotto y Ramón Medina, considerara que la acusación de los fiscales Eduardo Barrionuevo, actualmente juez y Ema Puente, ya jubilada estuvo mal formulada desde el principio, lo cual afectó todo el procedimiento posterior.

El último movimiento conocido lo dio la jueza de Garantías 5° Nominación de Salta, María Edith Rodríguez, cuando no hizo lugar a un pedido de sobreseimiento a los involucrados en esa causa, presentado por una de las acusadas, que planteó el cierre de la causa por el mero transcurso del tiempo. Esto ocurrió en mayo y la magistrada instó al Ministerio Público Fiscal a continuar con las diligencias necesarias para avanzar en su tramitación.

En esta década, fueron notorios  los esfuerzos del legislador nacional por borrar toda huella de estas causas. Ello incluyó acuerdos espurios para lograr que se anule el pedido de desafuero realizado en 2015 por el fiscal González Miralpeix para lograr que concurra a declarar y que en 2016 anuló la Corte de Justicia de Salta.

No menos significativa fue la presión ejercida contra periodistas, legisladores y dirigentes que mantuvieron en el centro de la atención pública este despojo que sufrió el patrimonio provincial, que impactó en las franjas más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, el cinismo del ex gobernador se expresa en sus intervenciones en el Senado, como cuando cuestionó al oficialismo por pretender poner “artículos que cercenan la libertad de prensa, que obligan a los jueces a declarar si son hostigados por la prensa, para después ir y perseguir a los periodistas”.

La corrupción carcome las bases de la vida en comunidad y debilita institucionalmente a la República. Ella es posible por la impunidad que asegura una Justicia que no puede ser calificada de otra manera que de infame.

Salta, 29 de noviembre de 2021