Ambos expedientes están elevados a juicio oral y público, y se encuentran en el Tribunal Oral Federal 5. El juicio no tiene una fecha de inicio prevista y se encuentra en la etapa de instrucción suplementaria.

Según confirmaron fuentes judiciales, el tribunal ya les corrió vista al fiscal de la causa Diego Velasco y a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que se pronuncien sobre este planteo. La UIF, mientras tanto, atraviesa una fuerte crisis interna: su presidente, Carlos Cruz, renunció al cargo, igual que la vice Mariana Quevedo. El Gobierno postuló para cubrir ese cargo a Juan Carlos Otero, un abogado que ya trabaja en el organismo y al que se relaciona con el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner.

El escrito formulado por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy sostiene a lo largo de 65 páginas que los Kirchner han sido “injustamente acusados”. Citaron el reciente fallo del Tribunal Oral Federal 8 que sobreseyó a la vicepresidenta en la causa conocida como Memorándum con Irán por “inexistencia de delito”, que fue firmado por uno de los jueces que integra el TOF 5, Daniel Obligado.

También aludieron a “la falta de afectación al bien jurídico tutelado por el art. 303 del Código Penal” y a “la inexistencia de los supuestos delitos precedentes de las maniobras de lavado de activos imputadas” como las principales razones del planteo.

En abril de este año, el TOF 5, a cargo de estas causas, les devolvió a los Kirchner el control de los hoteles y otras 30 propiedades, y levantaron la intervención judicial sobre esos bienes.

La Nación