Socorro Villamayor, presidenta de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados salteña, explicó que la intervención es un recurso constitucional “delicado”; no puede suceder – precisó - que cada gobierno que encuentre una situación irregular en algún municipio utilice esta herramienta. 

Sin embargo, en el caso de Salvador Mazza, definió la situación como “grosera” y “alevosa”, a tal punto que una Unidad Fiscal actuó de oficio y terminó imputándole al intendente Méndez hechos delictivos como peculado.

“Más allá de que rige el principio de inocencia, esta situación irregular amerita la intervención del Municipio. Es una crisis institucional manifiesta”, aseguró la legisladora. 

Insistió Villamayor en que la herramienta de intervención es “un recurso último”, no obstante, la Unidad Fiscal en cuestión investiga si los delitos descriptos involucran el uso de fondos públicos, lo que redunda en una situación de crisis institucional. 

“¿Cómo puede administra un Municipio una persona sospechada de este tipo de delitos?”, cuestionó la diputada finalmente.